El Ejército de Nueva Zelanda ha asumido el control de la seguridad en la segunda ciudad del país, Christchurch, donde por tercer día consecutivo rige el estado de emergencia declarado a raíz del terremoto de siete grados en la escala de Richter que sacudió la isla sur.

Varias decenas de soldados mantienen acordonado el centro de la ciudad, al que solo se puede acceder a través de los controles de seguridad montados para prevenir el pillaje y los accidentes provocados por el eventual derrumbe de los edificios dañados por el temblor.

Además, el Gobierno ha prolongado el estado de emergencia en el sur del país hasta el miércoles y también el toque de queda nocturno en Christchurch para garantizar la seguridad ciudadana. Desde el sábado, la policía ha detenido a una decena de personas que presuntamente intentaron saquear viviendas y comercios del centro de esta localidad.

EL 20% DE LAS VIVIENDAS ESTÁN DESTRUIDAS

El terremoto se saldó con la muerte de una persona, por un ataque al corazón, y decenas de heridos a causa del desmoronamiento de paredes o techos tras el temblor. El epicentro se localizó 31 kilómetros al noroeste de Christchurch, situada en la costa oriental de la isla sur y que ha resultado la zona más afectada.

Más de 500 edificios comerciales han registrado daños y al menos un 20% de las viviendas de la ciudad han quedado inhabitables, mientras cientos de damnificados se han visto obligados a acudir a centros de acogida. El suministro de agua y electricidad continúa cortado en algunos barrios, la mayor parte del transporte público está suspendido y las autoridades han pedido a los ciudadanos que no acudan a trabajar.

COMIENZA LA RECONSTRUCCIÓN

Mientras tanto, ya se han iniciado las tareas de rehabilitación en la ciudad, aunque están siendo dificultadas por el temporal y las réplicas del terremoto, hasta 80 desde el sábado.

Algunas consultoras financieras calculan que las reclamaciones de seguros ascenderán a 2,7 millones de euros. El primer ministro, John Key, ha declarado que pasarán semanas antes de que se tenga un balance sobre la magnitud de los daños y ha agregado que el Gobierno estudiará caso por caso las indemnizaciones para los ciudadanos que no tengan seguro.