Al menos 11 personas murieron hoy y varias decenas resultaron heridas en violentos choques entre la Policía y decenas de miles de manifestantes de un grupo tribal que reclamaban más derechos en el estado de Rajastán, en el noroeste de la India.
Unos 30.000 miembros de la comunidad "gujjar" bloquearon a primera hora de la mañana la autopista que une la capital de Rajastán, Jaipur, con la ciudad de Agra, en el estado vecino de Uttar, a su paso por la localidad de Patauli, en el distrito de Dausa.
Según la agencia IANS, la Policía intentó dispersarlos empleando porras y gases lacrimógenos y finalmente disparando contra la multitud, que pedía que se les reconociera oficialmente la categoría tribal, algo que conlleva una serie de privilegios y ayudas del Gobierno.
La ira de los manifestantes llevó a la Policía a retirarse del lugar, al que fueron enviados de inmediato batallones del Ejército desde Jaipur y Bharatpur.
Testigos citados por la IANS dijeron que cuatro manifestantes y dos policías murieron y 40 personas resultaron heridas en los enfrentamientos en Patauli, mientras una fuente policial dio a los dos agentes por "desaparecidos".
Los choques se repitieron en el distrito de Bundi, donde fallecieron cinco personas, una de ellas un agente policial, cuando la Policía dispersó a tiros a los manifestantes en las proximidades de un templo.
La tensión en el estado llevó al Gobierno central a ordenar hoy el envío de 2.000 fuerzas paramilitares a Rajastán, según lo reclamado por sus autoridades, además de refuerzos policiales de tres estados vecinos, dijo una fuente de Interior a la agencia PTI.
Además, las autoridades han prohibido temporalmente todas las manifestaciones en cinco distritos estatales.
Las tribus reconocidas oficialmente en la India gozan de un estatus especial reconocido por la Constitución, que les concede privilegios y ayudas al considerar que están en desventaja y marginadas respecto a la mayoría de los grupos sociales.
Lo mismo ocurre con las castas bajas y las "otras clases atrasadas", como son denominadas en la Constitución de 1950, que estableció un sistema de "discriminación positiva" para los sectores más desfavorecidos.
