El escándalo de las escuchas telefónicas no se ha parado en el imperio Murdoch, el magnate de la comunicación. Scotland Yard y el propio primer ministro, David Cameron, ya se han visto gravemente salpicados. La Cámara de los Comunes debatió ayer en sesión extraordinaria las implicaciones de las escuchas ilegales cometidas, presuntamente, por un detective a sueldo del dominical con el objetivo de obtener noticias. Entre los teléfonos pinchados, según las últimas revelaciones, se encuentran los de los familiares de las víctimas del atentado del 7 de junio del 2005 en Londres así como el de la niña Milly Dowle, desaparecida y posteriormente asesinada. El detective contratado por la publicación había pinchado antes los teléfonos de los familiares de otras dos pequeñas asesinadas en la localidad de Soham. Se da la circunstancia de que Andy Coulson, que estaba al frente de la publicación cuando ocurrieron los hechos, había sido jefe de comunicación de David Cameron. El primer ministro se mostró "asqueado" por lo sucedido y se comprometió a llevar a cabo una investigación. Los flecos del delito llegan también a Scotland Yard, cuyos agentes fueron sobornados para dar información a Coulson, una práctica completamente ilegal. La reacción de Murdoch, a través de un comunicado, fue lamentar las prácticas de las que se acusa a su diario y colaborar con la investigación.
