Cuando Mary Louise Kelly, reportera de la radio pública de EEUU, visitó hace menos de cinco años la sede del entonces recién creado Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, por sus siglas en inglés), observó bajo la mesa de uno de los mandos una fila de discos duros. El agente le explicó que, para acometer sus funciones en un organismo nacido para coordinar la información recogida por las 16 agencias encargadas del espionaje y la inteligencia, tenía que acceder a 28 redes diferentes. Ninguna estaba conectada entre sí.

Desde entonces, mejoras tecnológicas en el centro han facilitado el flujo de la información. Pero, como ha dejado en evidencia el atentado frustrado del día de Navidad, los pasos dados en EEUU tras los atentados del 11-S no han sido suficientes. Si el reto principal antes era conseguir información, el de ahora es compartirla de forma útil. El presidente, Barack Obama, ha reconocido "fallos sistémicos" intolerables en ese terreno y ha emplazado a la aplicación de soluciones inmediatas. El ambicioso intento está ya en marcha; su ejecución se plantea más complicada.

NUEVOS PROBLEMAS Desde el 11-S, el presupuesto destinado al espionaje se ha disparado hasta superar los 31.000 millones de euros al año (sin contar la partida, clasificada, destinada a la inteligencia militar). Pero con la ampliación de la estructura organizativa --especialmente al crear la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de la que depende el NCTC-- han nacido nuevos problemas, y se han intensificado algunos antiguos.

El más acuciante es el de la tradicional cultura de protección del territorio que impera en muchas agencias, especialmente la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), famosas por su reticencia a compartir información. Según noticias de los últimos días, la CIA elaboró un informe con el perfil de Omar Faruk Abdulmutalab, acusado del atentado frustrado, pero no lo compartió. La NSA preparó un documento con informaciones interceptadas sobre los planes de Al Qaeda en la península Arábiga de usar a un nigeriano en un ataque, y aunque ese informe circuló, nunca llegó al Centro Nacional Antiterrorista.

Leon Panetta, director de la CIA, y Dennis Blair, el almirante retirado al frente de la Inteligencia Nacional, libran una guerra de poder que llegó a una tregua en octubre, cuando aceptaron un acuerdo por el que se deja en manos de la CIA el nombramiento de altos cargos de inteligencia en el extranjero, pero se la obliga a informar a la oficina de Blair de sus operaciones secretas antes de acometerlas.

INFORME NEGATIVO Es la oficina de Blair, y su dependiente Centro Nacional Antiterrorista, las que estos días reciben más críticas, y no es algo nuevo. Hace nueve meses se hizo público un demoledor informe interno que sacó a la luz los serios problemas que las azotan. Se cuestionaba, por ejemplo, el tiempo que Blair destina a asuntos burocráticos. Se concluía que, pese a las recomendaciones de la Comisión del 11-S, las agencias que ellos deben coordinar siguen operando con sistemas informáticos "en su mayoría desconectados e incompatibles". Y se ponía sobre la mesa otro problema: la mayoría de empleados son "incapaces de articular una comprensión clara de la misión, papeles y responsabilidades de la Oficina".

Unos meses después, el Comité de Inteligencia del Senado apuntaba otros problemas que sacuden a la comunidad de espionaje, como la falta de operativos capaces de hablar, leer o comprender lenguas como el urdu o el pastún, o el fuerte papel que juegan los mercenarios (el 29% de la comunidad de inteligencia, que se lleva el 49% del presupuesto). Esta misma semana, un artículo en The Washington Independent revelaba que de los 300 analistas que trabajan en el Centro Nacional Antiterrorista, menos de una docena son especialistas en Oriente Medio.

Ha habido avances, aunque tibios. En el 2008 se reactivó un proyecto para establecer un Programa de Integración que permitirá a los agentes de distintas agencias buscar información en una red tipo Google y avanzará cuestiones básicas, como vincular los correos electrónicos de todos los agentes, aunque tardará dos años en ser funcional.