“Hay que estar preparados para lo peor”. Con palabras inusuales y dramáticas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró la“emergencia nacional” debido a la sequía y el “déficit hídrico” que provocan los “fenómenos climáticos adversos” y afectan a varios departamentos bolivianos. Morales puso en marcha acciones inmediatas para atender a las regiones más castigadas. Una situación de esta naturaleza no se afronta desde hace 25 años. Las alcaldías, gobernaciones y el propio Ejecutivo “tienen la obligación de movilizar recursos económicos para atender un derecho humano, que es el agua”. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció que las clases terminarán una semana antes en La Paz, Potosí y Chuquisaca.
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) ha tomado drásticas medidas de racionamiento en La Paz y El Alto, la populosa e influyente ciudadela que rodea desde las alturas a la capital política del país. Desde el pasado domingo, EPSAS entrega agua tres horas cada 72 horas de corte en 94 barrios. Las medidas provocaron malestar y largas colas a la espera de los camiones cisterna. A la escasez de agua en La Paz se suma la huelga de los recolectores de basura en reclamo de mejoras salariales.
En La Paz no llueve desde hace dos meses. En la tarde del lunes cayó agua solo 15 minutos. Las ilusiones depositadas en las precipitaciones se desvanecieron de inmediato. La escasez de agua potable golpea a cinco de los nueve departamentos bolivianos. En algunas de las principales represas la capacidad de almacenamiento oscila entre el 8% y 1%.
FALTA DE PLANIFICACIÓN
Morales echó a las autoridades de EPSAS, pero consideró que los trastornos son parte de políticas erráticas, a pesar de que desde el 2006 se han destinado 1.200 millones de dólares a proyectos de agua, riego y alcantarillado. “Si no han advertido cómo voy a planificar; no echo la culpa, somos responsables”. La ineficiencia se hizo visible en medio de los trastornos: entre el 30% y el 45% del agua se perdió por fugas en la envejecida red de tuberías.
“Hay que tener un programa consistente para combatir los efectos de la sequía y las inundaciones, vamos a tener una grave sequía”, había advertido Morales el pasado enero. En agosto llamó a la calma. “Estamos preparados”, dijo, confiado. La situación por estas horas es diferente.
Bolivia tiene la más baja cobertura de agua y alcantarillado en América Latina y fue declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global de la Tierra.
FALTA DE POLÍTICAS A LARGO PLAZO
“Además del cambio climático y la variabilidad de temperaturas hay otros factores externos como el fenómeno de El Niño”, aseguró Óscar Campanini, un experto en recursos naturales del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Los especialistas detectan a su vez la ausencia de políticas de largo plazo.
La crisis ha puesto en el centro de la discusión la política forestal y minera del Gobierno. Esta última no solo contamina muchos ríos, también consume una parte importante de los recursos. El presidente negó que alguna empresa de origen chino esté desviando el agua destinada a la represa de Hampaturi, en La Paz, para sus operaciones. La supuesta noticia comenzó a propagarse por las redes sociales. “Algunos medios y algunos hermanos están exagerando y politizando ese tema”. Según EPSAS, las “informaciones falsas” tienen una “clara intencionalidad” de provocar la ira social. La empresa pidió a la población “no alarmarse”.
Morales reconoció que el problema no tiene una solución a corto plazo y pidió a la población ser más eficiente en el uso del recurso hídrico. “Esta emergencia de agua hay que convertirla en una oportunidad para mayores inversiones en el país”, dijo Morales.
