El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó ayer una drástica nacionalización de hidrocarburos, que incluye la ocupación militar de campos y refinerías, y conminó a las petroleras a firmar nuevos contratos en 180 días o abandonar el país andino.

La medida fue anunciada de forma inesperada en el campo San Alberto, el más rico de Bolivia, operado por la brasileña Petrobras y situado en Carapari, a unos 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarija.

Fuentes diplomáticas y de las petroleras afectadas aseguraron a la agencia Efe que están sorprendidas con la radicalidad de la nacionalización, una medida mucho más radical de lo esperado ante el contenido discurso del presidente desde que tomó posesión el 22 de enero.

MEDIDA "DEFINITIVA" Tocado con un casco de petrolero, Morales firmó el "decreto supremo" con el que cambia el régimen que rigió hasta ayer a más de una docena de multinacionales que operan en la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos en distintas zonas de Bolivia. "Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras", afirmó Morales tras el leer el documento que consolida la tercera nacionalización de hidrocarburos en Bolivia que, a su juicio, será "definitiva".

Bolivia nacionalizó en 1937 la empresa Standart Oil, en la primera medida de ese tipo en Suramérica, y en 1969 a Gulf Oil, ambas estadounidenses. El decreto impone a las empresas extranjeras la entrega de toda su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, estatal). Además, YPFB asumirá un control absoluto de la comercialización en el mercado interno y en la exportación, fijando precios, volúmenes y condiciones, y promoverá la industrialización de los hidrocarburos que produzca el país.

También impone que dos campos operados por Petrobras, el San Alberto y Sábalo --que producen más de cien millones de pies cúbicos de gas al día--, entreguen al Estado un 82% del valor de su producción. Las multinacionales extranjeras podrán disponer del restante 18%.

UN 32% ADICIONAL Desde el año pasado, las empresas propietarias de estas dos explotaciones transferían al Estado, por tributos y otras participaciones, el 50% del valor de su producción, y a eso se añade ahora un 32% adicional para financiar las actividades de YPFB. Para los demás campos, de menos de 100 millones de pies cúbicos diarios de producción, continuará rigiendo el porcentaje actual del 50% de la producción.

Morales también anunció la confiscación de las acciones necesarias en varias empresas mixtas para que YPFB tenga en ellas más del 50%, para controlar así los cargos directivos y la administración. Según las fuentes diplomáticas y de las empresas afectadas consultadas por Efe, esa medida llevará a las petroleras a recurrir a arbitrajes internacionales, por incumplimiento de los contratos vigentes, o a abandonar el negocio en Bolivia.

Entre ellas están la filial Andina de Repsol-YPF; Chaco, del grupo British Petroleum (BP); dos de Petrobras; la transportadora de hidrocarburos Transredes, de Shell y Enron, y la Compañía Logística Boliviana de Hidrocarburos. YPFB asumirá el control de esas compañías y firmará nuevos contratos con ellas.

Morales exhortó a los bolivianos a movilizarse frente a "cualquier intento de sabotaje de algunas empresas". También aseguró que Bolivia "recurrirá a la fuerza" para hacer respetar los intereses del país andino.