Una falta de ortografía ha terminado con el interrogatorio de un niño musulmán de 10 años por parte de la policía británica como sospechoso de vínculos con el terrorismo. El alumno -que asiste a una escuela primaria en la localidad de Accrington, en el condado inglés de Lancaster- confundió “terraced house” (adosado) por “terrorist house” (casa terrorista), en la redacción que estaba escribiendo. Los maestros no se dieron cuenta del baile de letras y pensaron en algo más siniestro. En lugar de preguntar al niño, cuya identidad no ha sido dada a conocer, la escuela llamó a la policía. Los agentes se presentaron en casa del muchacho al día siguiente y se llevaron el ordenador portátil para examinarlo. El incidente ocurrió el pasado 7 de diciembre y tanto los profesores como los agentes han pedido después disculpas.
Una prima del chico ha contado que la familia pensó al principio que se trataba de una broma. “Uno se imagina que eso le puede pasar a un hombre de 30 años, pero no a un niño”, ha declarado a la BBC. “De lo que el profesor debía estar preocupado es de su ortografía. No se puede hacer esto con un niño. Ahora tiene miedo de escribir y utilizar su imaginación”.
La nueva legislación
De acuerdo con Ley Antiterrorista y de Seguridad que entró en vigor en julio del pasado año, las escuelas y otros centros superiores de educación, al igual que los servicios sanitarios y de prisiones, tienen la obligación de alertar a las autoridades de cualquier comportamiento sospechoso de terrorismo. Los profesores sin embargo han sido acusados de haber reaccionado de forma exagerada en lugar de utilizar el sentido común.
Miqdaad Versi, del Consejo Musulmán Británico, que reúne a un grupo de asociaciones islámicas en el Reino Unido, afirma que existen decenas de casos similares al del escolar. “Hay una enorme preocupación de que la vida de cada día de las personas sea observada bajo la lente de la seguridad y sean vistos terroristas potenciales en lugar de estudiantes”, ha declarado. En un comunicado, la policía ha indicado que la investigación corrió a cargo de una agente y un asistente social, sin la intervención de las fuerzas antiterroristas.
