Un día después del tiroteo de Tucson la hipótesis de que se trató de un hecho aislado cobró fuerza cuando el director del FBI, Robert Mueller, enviado por el presidente estadounidense, Barack Obama, para dirigir la investigación, anunció que no había amenazas creíbles contra otros congresistas vinculadas al ataque a la representante demócrata Gabrielle Giffords que la dejó en estado crítico y provocó 6 muertos y 13 heridos. Al cierre de esta edición se habían presentado cinco cargos federales contra el detenido como supuesto autor de la sangría, el joven de 22 años Jared Lee Loughner.

Mueller anunció que se podrían ampliar las acusaciones, e incluir la de terrorismo. El joven, bajo custodia federal, se ha negado a colaborar con las autoridades. Solo se ha sabido que pasó un control del FBI sobre su historial para adquirir legalmente un arma en noviembre y que en el 2007 participó en un acto similar al del sábado. Las autoridades dejaron ayer en libertad a un hombre que se creyó sospechoso y que resultó ser el taxista que llevó a Loughner al supermercado.

GRUPO ANTISEMITA La cadena Fox difundió ayer un documento del Departamento de Seguridad Nacional en el que se vincula al joven con el grupo American Renaissance, organización que el Southern Poverty Law Center identifica como un grupo de supremacistas blancos y defensor de ideas antisemitas, antiinmigrantes y antigobierno. Giffords, que según las autoridades era el objetivo del ataque, es la primera judía elegida para el Congreso en Arizona y aunque ha defendido medidas duras para controlar la inmigración ilegal se opuso a la ley promovida por Arizona.

El estado de la congresista, de 40 años, era ayer crítico pero los médicos que la operaron explicaron que aunque la bala le perforó desde atrás hacia delante la parte izquierda del cerebro (sin atravesarlo), Giffords entró en quirófano siendo capaz de reaccionar ante órdenes verbales. Los médicos la despertaron ayer en varias ocasiones para comprobar su estado y se comunicaron con ella, que responde de forma no verbal.

El ataque del sábado, por el que el presidente de EEUU ha convocado hoy un minuto de silencio, no ha reavivado con la intensidad esperada el debate sobre el control de armas, por más que los indicios apunten a que el acusado sufre problemas mentales pero pudo comprar legalmente un arma.

Lo que sí se ha puesto en el centro de la discusión es la protección a congresistas y jueces federales. Varios congresistas, incluyendo uno demócrata de Carolina del Norte y uno republicano de Utah, han dicho que llevarán armas y la policía del Capitolio está reevaluando la protección de los congresistas tanto en Washington como en sus lugares de origen.