La Fiscal General de Israel en funciones, Edna Arbel, dio ayer una vuelta de tuerca a la complicada situación del primer ministro, Ariel Sharon, al admitir que hay pruebas suficientes de que ha sido sobornado, por lo que puede ser acusado de un delito de cohecho. El cerco judicial no parece preocupar a Sharon, quien anunció su intención de permanecer como jefe de Gobierno "al menos hasta el 2007".
La decisión de acusar al primer ministro por un caso de soborno se tomará después de recopilar todo el material necesario y de someter al dirigente del Likud a otro interrogatorio. De momento, prosigue la investigación, debido a la nueva documentación que consta en poder de la policía y de la Fiscalía de Tel-Aviv, que sirvió para acusar el miércoles al empresario David Appel. Arbel indicó que la instrucción de esta demanda contra Sharon y Ehud Olmert, ministro de Comercio, podrá completarse en unas semanas.
Pero Sharon dejó muy clara su posición. "He venido aquí como primer ministro y como presidente del partido, cargos que quiero mantener al menos hasta el 2007", dijo ante miembros del Likud en Tel-Aviv. De hecho, agradeció el gesto del ministro de Justicia, Yosef Lapid, que el miércoles eximió al primer ministro de abandonar su puesto, ya que los cargos contra Appel "no tienen ninguna implicación para Sharon o para Olmert".
El laborista Shimon Peres, que había evitado hacer comentarios contra el dirigente conservador desde que se destapó el escándalo, tuvo que pronunciarse de forma clara. Tras recalcar su amistad con el líder del Likud desde hace 50 años, instó a Sharon a hablar: "Israel está en una situación difícil y es hora de que el primer ministro dé su versión".
El Haaretz publicó ayer una encuesta, en la que la mayoría de israelís (64%) creen que debe dimitir si se demuestra su implicación en actos delictivos.
