Sudán, escenario de un conflicto que dura ya cinco años y en el que han muerto 300.000 personas y otros 2,5 millones han abandonado sus hogares, va camino de convertirse en el nuevo Estado paria marginado de la comunidad internacional, al igual que lo fue en su día el Irak de Sadam Husein o la Suráfrica del apartheid . El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), el argentino Luis Moreno-Ocampo, acusó ayer formalmente al presidente sudanés, Omar el Bashir, de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la guerra de Darfur.

Bashir se convierte así en el tercer jefe del Estado en activo en ser imputado por una institución jurídica internacional, después del yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor. El caso amenaza con convertirse en un motivo de bochorno para China, principal proveedor de armas de Sudán, poco antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. La misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) anunció la "suspensión indefinida" de sus actividades y la retirada de su personal no esencial como medida de prevención ante posibles brotes violentos.

TRES JUECES La palabra ahora la tienen tres jueces, quienes deben decidir si existen argumentos legales para emitir una orden de arresto. Según el informe de Moreno-Ocampo, existen "indicios razonables" de la responsabilidad de Bashir en 10 cargos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. Bashir "ideó e implementó un plan para destruir parte de las tribus Fur, Masalit y Zaghawa, por razones étnicas". Moreno-Ocampo sostiene que aunque la justificación era "luchar contra la insurgencia, el resultado equivale a genocidio". Las milicias progubernamentales yanyauid se han dedicado desde el 2003 a hostigar a los miembros de estas tres tribus, a expulsarles de sus aldeas y tierras, y a utilizar la violación sexual como una arma de guerra contra las mujeres. Ante la inminencia de la acusación, las autoridades de Jartum desempolvaron su artillería verbal y movilizaron a sus simpatizantes y militantes para protestar contra la decisión.

RECHAZO DE JARTUM "La acusación contra el presidente no tiene para nada en cuenta los esfuerzos del Gobierno, de las potencias regionales y de la comunidad internacional en favor de la paz en Darfur", dijo el portavoz de Exteriores, Alí al Sadiq. El Gobierno sudanés, además, cuestiona la competencia legal del TPI para asumir el caso. "Sudán no aceptó incorporarse al TPI, por lo que no tiene ninguna autoridad legal sobre el Gobierno o los habitantes de Sudán", recordó el vicepresidente, Alí Ozman Mohamed Taha.