Para hacer frente a la amenaza terrorista interna europea, después de los atentados de Londres y de Madrid, el Gobierno francés ha decidido reforzar la legislación y el dispositivo antiterrorista con un proyecto de ley que da prioridad a la videovigilancia y aumenta los plazos de conservación de los datos de conexión a internet y de los teléfonos móviles.
La gravedad de la situación es tal, según el ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, que el texto adoptado esta semana en el Consejo de Ministros será examinado de urgencia por el Parlamento para ser adoptado antes de final de año, a pesar de las "grandes reservas" expresadas por la Comisión Nacional Informática y Libertad, así como por las asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Mantener la movilización
El propio presidente francés, Jacques Chirac, afirmó hace unos días que "el riesgo de terrorismo en Francia es real" y añadió: "Debemos permanecer totalmente movilizados".
Pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las asociaciones de jueces están siendo muy críticas con el proyecto de Sarkozy. Consideran que conlleva "graves riesgos de atentar contra las libertades individuales", denuncian especialmente las "medidas excesivas de tipo estadounidense o británico" y recuerdan que es necesario "mantenerse dentro del marco de una sociedad democrática".
Para el ministro de Interior, sin embargo, ésta es una polémica "estéril, porque el nuevo marco legal no supone un recorte de los derechos y las libertades de los ciudadanos". Para Sarkozy, tras los atentados de Londres del pasado julio, era preciso "adaptar el dispositivo jurídico para proteger a los franceses". Según el preámbulo de la ley, Francia no está a salvo de ataques similares a los de Estados Unidos, Madrid y Londres.
Por eso, la norma se basa explícitamente en la experiencia de lo sucedido en la capital británica, donde las cámaras permitieron identificar a los autores de los atentados, para implantar en Francia un sistema exhaustivo de videovigilancia en todos los aeropuertos, estaciones ferroviarias y transportes públicos en general, así como en las proximidades de lugares de culto --mezquitas-- o determinado tipo de comercios.
Asimismo, está previsto el aumento del plazo de detención policial para los interrogatorios en caso de terrorismo de cuatro a seis días, antes de pasar a disposición judicial. Los poderes discrecionales de la policía aumentan considerablemente.
Sin mandato del juez
Los agentes policiales podrán acceder sin tener ningún mandato judicial a los datos personales de los pasajeros de las compañías aéreas, marítimas y ferroviarias, así como a los de los abonados de las compañías telefónicas y a todo tipo de ficheros de la Administración, aunque el acceso a datos privados deberá ser aprobado por una "personalidad cualificada", apunta el documento.
La policía estará también autorizada a instalar sistemas de vigilancia fotográfica de vehículos, fotografiar a sus ocupantes y guardar las imágenes durante ocho días sin mandato judicial. También se legaliza el control de los viajes a los llamados "países de riesgo" para detectar a los musulmanes europeos que se incorporan a los grupos insurgentes en Irak.
Los cibercafés
Los operadores de internet y los cibercafés deberán, por su parte, conservar los datos de conexión de las comunicaciones de sus clientes y transmitirlos a los servicios policiales. Los operadores de telefonía deberán conservar durante un año los datos de las comunicaciones, un periodo de tiempo que va en la línea de la legislación que se está elaborando para el conjunto de la Unión Europea (UE).
Con esta normativa se podrá determinar quién ha llamado a quién, cuándo y desde dónde. Sin embargo, no da autorización para la grabación de las conversaciones.
