Los diputados de la Asamblea Nacional respaldaron ayer la nueva ley de inmigración francesa, que endurece las condiciones para la entrada de extranjeros no comunitarios y restringe las opciones de obtener permisos de residencia. El artífice del proyecto, el ministro de Interior, Nicolás Sarkozy, afirmó que la ley abre "una etapa decisiva en la puesta en marcha de la política de inmigración del Gobierno", mientras la oposición le acusó de dar una "visión peligrosa" que convierte a los inmigrantes "en delincuentes en potencia".
La izquierda apoyó con sus votos el texto del Gobierno solamente en dos puntos: la reducción de la llamada "doble pena" y el castigo para los empresarios que contraten a inmigrantes clandestinos. La reducción de los casos en los que se podrá expulsar a los extranjeros que hayan cometido un delito en Francia y que ya hayan cumplido su condena por ello fue aprobada por una mayoría que rozó la unanimidad.
Con la única excepción de los delitos de terrorismo y los atentados a los intereses fundamentales del Estado, la nueva normativa impedirá aplicar esa medida a los extranjeros que hayan nacido en Francia, los que vivan en el país durante más de 10 o 20 años, según los casos, o los que sean padres de hijos franceses. Se da satisfacción así una reivindicación defendida por políticos de izquierdas y de derechas que se han sumado a la campaña iniciada hace más de un año por el cineasta Bernard Tavernier, autor de la película La doble pena .
RECHAZO DE LA IZQUIERDA
En el resto del debate, la izquierda mantuvo una política de rechazo frontal, con debates especialmente virulentos en torno a la propuesta gubernamental de triplicar el periodo durante el que los inmigrantes sin papeles pueden permanecer en centros de detención antes de su expulsión. La oposición calificó de "retroceso manifiesto" la ampliación de los 12 días actuales a 32, mientras el ministro de Interior replicó que aún así, Francia "será el país de la Unión Europea con un plazo más corto".
El Gobierno pretende que la nueva ley sirva de instrumento para llevar a cabo una política para reducir drásticamente el número de inmigrantes clandestinos por la vía de impedir la entrada en suelo francés de extranjeros sin papeles y por la de expulsar cada año hacia sus países a un número comprendido entre 30.000 y 40.000 personas.
