Los diputados franceses adoptaron hoy, de forma definitiva, la reforma del sistema de pensiones, que mantiene la edad mínima de jubilación pero incrementa el número de años de cotización para poder cobrar el cien por cien.

El texto salió adelante con el apoyo de los parlamentarios socialistas, la abstención de los ecologistas y comunistas y el voto contrario de centristas y conservadores.

Impulsada por el Gobierno socialista, la reforma pretende "garantizar el sistema en un momento en el que se incrementa la esperanza de vida de los franceses", indicó la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine.

"La jubilación de nuestros hijos está garantizada. Nuestro sistema está consolidado y esta reforma es una barrera contra la privatización", indicó la ministra.

La principal medida de la ley es el mantenimiento de la edad mínima de jubilación en los 62 años, o 67 para cobrar la pensión completa.

Pero el texto establece que, para poder jubilarse con 62, será necesario haber cotizado al menos 43 años, un endurecimiento que será introducido de forma progresiva, a razón de un trimestre cada tres años, para estar plenamente activo en 2035.

Con este sistema el Ejecutivo calcula que el Estado se ahorrará 10.500 millones de euros entre 2020 y 2035, suficiente, según sus cuentas, para tapar el agujero que existe en el régimen general de las pensiones.

La oposición conservadora, por su parte, destacó que la reforma no resuelve el déficit del sistema público, ya que mantiene las ventajas que tienen los funcionarios, cuyo desfase se calcula en 20.000 millones de euros.

La ministra calificó la reforma de "progresista" y puso como ejemplo la escasa conflictividad social que ha provocado, en contraste con las multitudinarias manifestaciones que en 2010 marcaron la aprobación de la ley del presidente Nicolas Sarkozy, que retrasaba la edad mínima de jubilación.

Touraine destacó que el texto tiene en cuenta a las categorías sociales más expuestas, empezando por los que tienen trabajos más duros y que provocan mayor desgaste, que se beneficiarán de un dispositivo de acumulación de puntos que les permitirá reciclarse en otros puestos, obtener periodos de formación o jubilarse antes.

Además, destacó la ministra, también se tiene en cuenta a los trabajadores que empezaron a trabajar muy jóvenes, a las mujeres, que verán valorados sus periodos de maternidad, a los jóvenes, que podrán validar como cotizados sus años de prácticas, y a los discapacitados, a quienes se permite jubilarse antes.

En cuanto a la financiación de la reforma, el proyecto del Ejecutivo prevé que se haga con esfuerzos de los trabajadores, las empresas y los propios pensionistas.

Los primeros verán incrementado su aporte al régimen, con una subida que costará 54 euros al año a un trabajador que cobre el salario mínimo.

Los empresarios verán también aumentada su contribución, pero el saldo será neutro para ellos porque el Gobierno se ha comprometido a compensarlo con una reducción de las cotizaciones familiares.

Finalmente, los jubilados verán congeladas sus pensiones hasta octubre de 2014 y, posteriormente, perderán derecho a algunas deducciones de impuestos.