La campaña oficial para el referendo francés sobre la Constitución europea se abrió en la madrugada de ayer en medio de un intenso malestar social y un repunte del no en los sondeos. A menos de 15 días del escrutinio --previsto para el día 29-- las huelgas marcaron la jornada de protesta contra la decisión gubernamental de hacer trabajar a los asalariados el lunes de Pentecostés, una medida de solidaridad que debe servir para financiar la ayuda a ancianos y discapacitados.

Tradicionalmente festiva, esta jornada fue decretada laborable y no remunerada tras la muerte de miles de personas, en su mayoría ancianos, a causa de la ola de calor del verano del 2003. La medida, adoptada de forma casi unilateral por el Gobierno conservador de Jean-Pierre Raffarin, acabó por despertar el rechazo de la mayor parte de los franceses, que se rebelaron "contra el trabajo gratuito", según denunciaron en las manifestaciones.

LA OPCION DE LAS VACACIONES Algunos optaron por la huelga pero muchos se tomaron simplemente un día de vacaciones, con lo que la jornada transcurrió en medio de una total confusión. Las convocatorias de huelga en los servicios de transporte urbano de 89 ciudades consiguieron reducir casi a cero la actividad de autobuses, metros y tranvías en Estrasburgo, Lille y Burdeos, mientras que la situación era casi normal en sitios como París.

Las huelgas de los controladores aéreos y de otros colectivos en los aeropuertos obligaron a cancelar numerosos vuelos (al menos siete con destino a España) y causaron muchos retrasos. El parón afectó a casi todos los servicios públicos, sobre todo la enseñanza y la administración. También resultaron perjudicadas algunas grandes empresas del sector privado que se negaron a dar un jornada de fiesta suplementaria a sus empleados.

Aunque desde París se intentó difundir la sensación de normalidad, el ministro de Sanidad, Philippe Douste-Blazy, admitió que se vivieron "momentos un poco difíciles" a la hora de aplicar la medida. Lo que no podía hacer el Gobierno era declararse sorprendido, ya que varias encuestas habían avanzado que el 75% de los trabajadores se oponían a la medida y que sólo el 44% pensaba ir a trabajar.

"FRACASO DE UNA BELLA IDEA" Los sindicatos y el propio Partido Socialista, que calificaron de "injusta" la iniciativa de "imponer la solidaridad" sólo a los asalariados, reclamaban simplemente que el Gobierno renunciara a poner en práctica la medida. "No se puede pensar que vamos a renunciar a un día de vacaciones sin más", se quejó Bernard Thibault, secretario general del sindicato CGT, quien hizo un llamamiento a convertir en una jornada de caos lo que el Gobierno había planeado como un día solidario. "Es el fracaso de una bella idea", señaló el periódico conservador Le Monde .

El que sí estuvo en su despacho fue el primer ministro, JeanPierre Raffarin, que sigue batiendo récords de impopularidad. Dispuestos a explotar cualquier circunstancia para el éxito de su campaña, los partidarios del no aprovecharon el descontento popular y acusaron a Raffarin de "autoritarismo". El portavoz del Gobierno, Jean-Fran§ois Copé, trató de quitar hierro a la situación y, tras garantizar que el producto del trabajo de ayer se destinará a la financiación del plan para ancianos y discapacitados, dijo que la aplicación de la medida será objeto de "evaluación".

INTERVENCION TELEVISIVA Se ignora todavía el impacto que esta "torpeza del Gobierno", tal y como la califican algunos analistas, puede tener sobre el referendo constitucional. El propio Raffarin podrá hacer públicas sus conclusiones hoy, en una intervención televisiva que debe marcar el comienzo de la campaña oficial en favor del sí . Pero éste ha sido un mal fin de semana para el Gobierno. Tras una semana en que la supremacía del sí parecía estabilizarse con escasos puntos por encima del 50%, el no ha vuelto a repuntar.