Frontera inhumana

Niños que, en lugar de las 72 horas que estipula desde 1997 el llamado Acuerdo Flores, que regula las condiciones de internamiento de menores no acompañados, pasan semanas encerrados en instalaciones que, además, carecen de las condiciones básicas mínimas de salubridad, alimentación o cuidados. Prepúberes y adolescentes que quedan a cargo de atender a los más pequeños. Tanta hambre como para que los pequeños despierten en mitad de la noche o tan poca comida como para que una madre adolescente no pueda ni alimentar a su bebé. El frío del cemento sobre el que duermen muchos es difícil de combatir con la única manta que reciben algunos, obligados a decidir entre usarla como colchón o para protegerse de los aires acondicionados. Ni un cepillo de dientes ni jabón ni ropa limpia o solo una ducha en un mes. Piojos. Virus. Enfermedades. Abandono.

Es un retrato demoledor que se suma a las muertes de al menos seis menores migrantes bajo custodia de EEUU desde el pasado septiembre. Y ha vuelto a saltar a la luz después de que un grupo de abogados visitara el 17 de junio, con autorización judicial y como parte de un caso pendiente en los tribunales, unas instalaciones masificadas de la Patrulla Fronteriza en Clint (Tejas), a unos cinco kilómetros de la frontera con México.

Allí, en un espacio diseñado para adultos y con capacidad para 104 personas, se han estado hacinando más de 350 menores, parte de ellos supuestamente en una especie de almacén sin ventanas con el que se ha ampliado la capacidad pero que a los abogados no se les permitió visitar. Muchos de los menores, aunque están clasificados como «no acompañados», cruzaron la frontera con parientes, o tienen padres o familiares en EEUU bajo cuyo cuidado podrían quedar en lugar de internados.

CAOS TOTAL / Las revelaciones desataron una tormenta suficiente como para que el fin de semana y el lunes pasados la Administración anunciara que había reubicado a 300 de los menores en otras instalaciones o refugios, pero ayer retornó el caos. Fuentes gubernamentales informaron de que 100 de los niños han sido devueltos a Clint. Y aunque en una llamada informativa esas fuentes han negado que la situación sea tan grave como se ha denunciado, la propia Administración se contradice. La semana pasada el secretario en funciones de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, reconoció que las condiciones son «inapropiadas». Y también la semana pasada una representante del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, en una vista en un juicio en California que tiene como eje el Acuerdo Flores, se ganó la incredulidad y la reprimenda de los magistrados por defender que se limite el acceso a productos de higiene básica o a condiciones mínimamente seguras.

Desde Washington, además, llegaron ayer noticias de la dimisión inminente de John Sanders, comisionado en funciones de CBP, agencia encargada de la protección de aduanas y fronteras. Sanders llevaba escasos dos meses ocupando de forma interina el cargo. La situación, que ha empeorado ante el ostensible aumento de la llegada de menores no acompañados y familias con niños provenientes sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, representa una auténtica crisis humanitaria según admite la Administración, que intenta ahora que el Congreso apruebe una ayuda de emergencia de 4.500 millones de dólares. Pero la cuestión se ha contaminado por la guerra política sobre la inmigración acelerada con claros objetivos electoralistas por Trump, que la semana pasada anunció por Twitter redadas de la agencia ICE para iniciar la deportación de «millones», incluyendo familias con niños, que luego pospuso el fin de semana dando a los demócratas dos semanas para negociar.

Es esa táctica de buscar negociaciones bajo amenazas y el foco de su gobierno en las prácticas más duras la que dificulta que el Congreso le dé los fondos que reclama. Un comité del Senado, controlado por los republicanos, sí que dio la semana pasada luz verde con apoyo demócrata a una iniciativa para hacerlo. Ayer se esperaba que otra medida lograra la aprobación en la Cámara Baja, controlada por los demócratas, que han mantenido varios días de intensas negociaciones para convencer a su ala más progresista de respaldar la dotación de fondos incluyendo garantías para que la Administración solo pueda usar el dinero para mejorar las condiciones de los menores.

México reforzó su frontera sur con Guatemala con 6.500 miembros de la Guardia Nacional y otros 15.000 soldados en la frontera norte. Esos últimos efectivos no tendrían que detener migrantes centroamericanos pero a finales de la semana pasada fueron fotografiados evitando que mujeres y niños cruzaran el Río Grande y deteniéndolos.