El Gobierno español considera que ha quedado demostrado que las detenciones de los 700 activistas que iban a bordo de la llamada Flotilla de la Libertad eran "irregulares", ya que Israel expulsó al cabo de pocas horas a todos ellos. Un portavoz del Ministerio de Exteriores aseguró que el Ejecutivo estaba dispuesto, junto con el resto de la UE, a tomar medidas judiciales para reclamar la liberación de los europeos detenidos por el Ejecutivo israelí tras el abordaje.

Este portavoz lamentó las declaraciones del embajador de Israel, Raphael Schutz, comparando las muertes en el asalto a la flotilla con los fallecidos en accidentes de tráfico, pero juzgó "elogiable" que hubiera pedido disculpas.

El representante del PP en la comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, consideró que Israel ha cometido errores en la "comunicación" sobre este suceso, ya que, a su juicio, hizo públicos los vídeos con los incidentes "48 horas después". Arístegui no quiso comentar las denuncias de malos tratos hechas por los tres activistas españoles que iban en el barco hasta que no se haya realizado una investigación.

El diputado de IU Gaspar Llamazares dijo que lo más "grave" es que el Gobierno no haya tenido una respuesta "contundente" ante la detención. "Ni tampoco el fiscal general del Estado, que podría haber actuado", añadió.