El Gobierno argentino ha denunciado que las protestas policiales y los saqueos suscitados por el abandono de sus funciones de las fuerzas de seguridad en diferentes ciudades del país son "acciones deliberadas que pretenden generar caos y zozobra en la sociedad".
El jefe de ministros, Jorge Capitanich, llamó a todas las fuerzas políticas a repudiar los episodios. "No es casualidad que esta caricatura de efecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida", ha asegurado.
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, ha confirmado la muerte de una persona durante un intento de robo en un comercio. Mientras tanto, en Mar del Plata, el principal balneario del país, que en tres semanas inicia la temporada estival, se registraron 17 arrestos por intentos de saqueos y ataques a unos doce comercios.
Una semana atrás, Córdoba, la tercera provincia argentina, se convirtió por horas en tierra de nadie debido a una huelga policial. Dos personas fallecieron y sesenta resultaron heridas durante saqueos. Se sospecha que, detrás de esos incidentes, estuvieron algunos uniformados en connivencia con bandas de narcotraficantes. Nada de esto sería no obstante posible sin el caldo de cultivo que representa la exclusión social y el costo que tiene la inflación en los sectores más postergados.
Fin de año "caliente"
El Gobierno teme un “fin de año caliente”. Sospecha que sectores de la policía están detrás de una maniobra semejante a la que enfrentó el presidente ecuatoriano Rafael Correa en octubre de 2010 y que puso en jaque la gobernabilidad de ese país. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está fuera de escena y ha dejado que la crisis sea enfrentada por sus ministros.
Todo comenzó en una Córdoba cuyo gobernador, José de la Sota, de la facción conservadora del peronismo, el partido que está en el poder, está enemistado con Fernández de Kirchner. La protesta se apagó después de que las autoridades aceptaron los reclamos salariales. Ese acuerdo terminó por fijar un piso al que quieren acceder otras policías provinciales. Por eso hubo tensión en otros distritos (Río Negro, Neuquén y San Juan) y conflictos en Entre Ríos y zonas de Buenos Aires.
Capitanich instó a los gobernadores provinciales a "ratificar sus liderazgos y encuadrar las negociaciones en paz y con la capacidad que tiene cada provincia para disponer de los recursos". Pero alertó que sería un "acto de irresponsabilidad fiscal" por parte de los mandatarios responder a las demandas planteadas desde sectores de las policías "más allá de su capacidad financiera".
En tanto, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli acusó a los policías que salieron a las calles a protestar "extorsión" y poner en riesgo el "funcionamiento de las instituciones”. Aseguró a su vez que esos uniformados quieren "tomar de rehenes a la sociedad con una decisión imprudente e irresponsable". Y añadió: "Cuando la sociedad le confió un uniforme y un arma tiene que tener más prudencia, compromiso y sentido del deber y no tomar decisiones que instan a que algunos se aprovechen de esta coyuntura".
