Mientras Sarkozy emitía desde el Elíseo un comunicado entre cuyos anuncios figura el de la reforma de la ley de inmigración para repatriar a ciudadanos europeos en determinadas circunstancias, el ministro de Interior, Eric Besson, intentaba convencer a varios de sus homólogos de la bondad de su política de expulsiones. "No se ha producido una expulsión masiva de inmigrantes de etnia romaní. Hemos respetado escrupulosamente nuestros principios republicanos", declaró. Y acompañó su afirmación con datos. El año pasado el Gobierno envió de vuelta a sus países de origen a 11.000 búlgaros y rumanos que se encontraban en Francia en situación irregular, y en lo que va de año ha expulsado a 8.000.
OPERACION DE IMAGEN Besson confirmó así que se trata esencialmente de una operación de comunicación lanzada --a raíz de unos disturbios protagonizados por una comunidad gitana-- en medio del escándalo político-financiero que afecta al ministro de Trabajo, Eric Woerth. Sarkozy anunció el desmantelamiento de los campamentos ilegales de gitanos y los vuelos de repatriación, hasta ahora realizados discretamente, pasaron a ser noticia. Con efectos positivos, como un cierto repunte de la popularidad del presidente en los sondeos de opinión, y negativos, como las críticas recibidas a diestro y siniestro, empezando por el Papa y continuando por la ONU, la Comisión Europea y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En vísperas de lo que se anuncia como la mayor protesta social del mandato a causa de la reforma de las pensiones --que debe defender hoy en el Parlamento Woerth--, no es casualidad que Sarkozy diera ayer una nueva vuelta de tuerca a su política de seguridad.
