Solo tres días ha tardado el Gobierno en reaccionar ante las numerosas críticas a la ayuda de 420 euros mensuales para los parados que se queden sin prestación, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y anunciada a bombo y platillo el pasado jueves. Y es que ha supuesto una frustración para la mayoría de desempleados sin cobertura, que no tienen derecho a ella. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ayer en Lanzarote, donde anunció la disposición del Ejecutivo a modificar la prestación para que "abarque al número de personas que lo pueden necesitar".
La iniciativa de Zapatero pretende abordar el centro de la polémica, uno de los requisitos para acceder al programa: el de haber agotado las otras prestaciones a partir del 1 de agosto, lo que deja al margen a cientos de miles de parados que llevan más tiempo sin percibir ayudas.
REUNION CON LOS SINDICATOS El Gobierno se reunirá con los sindicatos para hacer la medida "más eficaz" desde el punto de vista social. Fueron las centrales las que más censuraron el requisito de haber agotado las prestaciones a partir de agosto, por "discriminatorio". Aunque Zapatero no concretó las posibles modificaciones, es más que probable que tengan que ver con una ampliación del plazo.
Sobre esta polémica, el presidente argumentó que el Gobierno consideró "razonable" que se fijara como inicio del derecho a la prestación "el momento de la aprobación" de la misma. UGT solicita que la medida tenga carácter retroactivo hasta el 1 de enero, mientras que CCOO reclama que la ayuda sea de carácter general, sin limitación de fechas.
El pasado lunes, día de la puesta en marcha del programa, quedó patente la falta de información de muchos parados que fueron a las oficinas de empleo sin conocer los requisitos. La gran afluencia de interesados desbordó las previsiones del Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo Inem). Los sindicatos criticaron que el Gobierno había vendido el titular, sin dar la letra pequeña. Además de haber agotado la prestación contributiva o el subsidio a partir de agosto, el parado debe cumplir otras condiciones, como tener ingresos inferiores a 468 euros al mes.
SIN FECHA DECIDIDA El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, confirmó a este diario que el Gobierno contactó ayer con la central para comunicarle la intención de celebrar una reunión, aunque no se ha fijado ningún día. Ferrer celebró la "sensibilidad" y la "celeridad total" del Ejecutivo al mostrar su disposición para revisar la ayuda. También la secretaria de la Confederación de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López, confirmó contactos telefónicos con el Gobierno, a la espera de que se convoque una reunión y de que en los próximos días reciban un borrador de la medida. López consideró que la extensión de la cobertura es "necesaria y oportuna".
Cara a una eventual ampliación de la medida, las comunidades autónomas también tienen un papel relevante, ya que ellas son las encargadas de los itinerarios de formación vinculados a la ayuda de 420 euros, es decir, los cursos que debe realizar el receptor de la prestación. Zapatero anunció que el próximo 26 de agosto se reunirá con las comunidades autónomas para concretar las líneas de actuación.
"Necesitamos la colaboración con las comunidades autónomas", recalcó el jefe del Ejecutivo. Tal y como está formulada, la prestación beneficiará a 340.000 desocupados sin ingresos en España, según el Ministerio de Trabajo. Se quedan sin ella, según CCOO, 570.000 parados. Zapatero no se aventuró a decir ayer cuántas personas más podrían resultar beneficiadas si se ampliara la medida.
Mientras, el PP acusó ayer a Zapatero de "hacerse publicidad" a costa de los parados ya que, según el portavoz, Esteban González Pons, "no se ha comprometido a nada".
