El primer ministro francés, Dominique de Villepin, anunció ayer que se autorizará a los prefectos (representantes del Gobierno) a instaurar el toque de queda "donde sea necesario" para acabar con la ola de violencia urbana que sacude Francia desde el 27 de octubre. Esta medida excepcional --utilizada únicamente dos veces en los años 60 durante la guerra de Argelia-- se adoptará hoy en el Consejo de Ministros, que se adelanta un día debido a la crisis.
En una entrevista concedida a la cadena privada de televisión TF1, Villepin reiteró la posición de "firmeza" y "justicia" de su Gobierno ante la espectacular revuelta de los jóvenes de los suburbios, pero excluyó la intervención del Ejército, como reclama la ultraderecha.
La intervención televisiva de Villepin, destinada a calmar los ánimos de los violentos y a tranquilizar a la población, sirvió también para efectuar los anuncios de las primeras medidas de pacificación. Estas pasarán por "reforzar el poder y los medios de los alcaldes" y por la "reinstauración de las subvenciones a las asociaciones" que trabajan con los jóvenes de los suburbios. El Gobierno ha decidido también movilizar a 1.500 reservistas, lo que elevará a 9.500 los agentes desplegados, entre policías y gendarmes.
ARRECIAN LAS CRITICAS Tras 11 noches consecutivas de violencia callejera y una saturación de imágenes de coches y locales quemados en la periferia parisina y en la de las principales ciudades del país, los políticos e interlocutores sociales seguían criticando ayer la aparente impotencia del Estado frente a los disturbios. Desde la derecha, se reclama más represión, mientras que la izquierda condena la política gubernamental. El hecho es que la revuelta no para de crecer y los actos cada vez más violentos perpetrados por bandas de jóvenes, muchos de ellos menores, más que un pulso parecen un suicidio social.
El ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, se entrevistó ayer con los cargos electos de origen inmigrante, imanes y responsables de asociaciones, ante los que reafirmó su intención de restablecer el orden público "en el respeto escrupuloso de los valores republicanos". Según Sarkozy, la crisis hace replantear la cuestión del "modelo de integración" francés de los inmigrantes en "situación de fracaso".
La revuelta se cobró ayer su primera víctima mortal: un hombre de 61 años que estaba en coma desde la agresión que sufrió el viernes en la localidad de Stains (Seine-saint-Denis). El hombre fue golpeado por uno de los jóvenes que había prendido fuego a un contenedor de basura y que él intentó apagar con la ayuda de un vecino, que también fue agredido.
MAS DE MIL COCHES QUEMADOS La noche del domingo, los disturbios se extendieron como un reguero de pólvora a prácticamente toda Francia. El director general de la policía nacional, Michel Gaudin, puso cifras a la crisis: 1.408 coches quemados (982 en provincias y 426 en la región parisina), 395 detenidos y 36 policías y 5 bomberos heridos, así como 4 civiles y un bebé de 13 meses. Tres escuelas, dos alcaldías y dos comisarías fueron atacadas, así como dos iglesias, con cócteles molotov. En provincias, las ciudades más afectadas fueron Marsella, Saint-Etienne, Toulouse, Grenoble, Metz y Lille.
El ministro de Justicia, Pascal Clément, consideró que se ha superado el límite y pidió a los jueces que actúen con "firmeza". Los alcaldes afectados también expresaron su preocupación y algunos, como el socialista Michel Pajon, primer edil de Noisy-le-Grand, acusó a Sarkozy de "no hacer su trabajo", por lo que pidió la intervención del Ejército.
El diputado conservador de Yvelines Jacques Myard reclamó la instauración del "estado de urgencia" y "un toque de queda" generalizado. La alcaldía, también conservadora, de Asnieres ha creado "un comité de vigilancia ciudadana".
La Liga de los Derechos Humanos condenó los disturbios y reclamó un "verdadero cambio de política", mientras las organizaciones islámicas de Francia (UOIF) pidieron "firmeza".
