Una semana después del hundimiento del puente Moranti de Génova, que segó la vida de 43 personas, destruyó 20 vehículos y obligó al desalojo de 632 ciudadanos que no volverán jamás a vivir en 11 bloques de pisos amenazados de ruina, no solo la capital de la región Liguria sino también la economía y el Gobierno de Italia intentan hallar respuestas a las miles de preguntas sobre los restos de un viaducto inaugurado en 1967 para pocos vehículos, por el que 50 años más tarde circulaban 25,5 millones de coches y camiones cada año. ¿De quien ha sido la culpa? En consecuencia, ¿quien debe pagar los platos rotos?
Génova es hoy una ciudad dividida en dos partes y sin una comunicación holgada, mientras que en el país se está desarrollando un debate cada vez más racional y menos apasionado sobre el futuro. Por el momento y para afrontar la emergencia, Atlantia aprobó la entrega de 500 millones al ayuntamiento de la ciudad, de acuerdo con un plan elaborado junto con la región y la concesionaria. Esta se compromete además a reconstruir en ocho meses otro puente en el lugar del viaducto hundido. Todo ello será sin prejuicio de las indemnizaciones que tenga que pagar en un futuro.
«No queremos limosna», dijo para considerar insuficiente la ayuda Luigi Di Maio, vicepresidente del Gobierno por los indignados del Movimiento 5 Estrellas (M5S), que en su día votó a favor de prorrogar la concesión a Atlantia, lo mismo que hizo la Liga, que capitanea el provocador monistro del Interior, Matteo Salvini.
La magistratura, que inmovilizó parte del puente para determinar las causas del hundimiento, está procediendo por homicidio múltiple, desastre involuntario y atentado involuntario a la seguridad de los transportes. Pero, dado que la emergencia no ha terminado, porque uno de los pilones, continuamente controlado por un georadar, amenaza con derrumbarse, está dispuesta a detener sus investigaciones.
Solo el tiempo necesario para segar y llevarse el pilón (entre 500 y 1.000 toneladas), antes de que se abata sobre los 11 bloques de viviendas y sus exmoradores puedan llevarse todo lo posible de los apartamentos.
Con la ayuda de técnicos propios y los informes regulares que emitían varios organismos sobre la seguridad del puente, además de los videos que registraron las cámaras, la magistratura se ha orientado hacia una serie de «concausas» que provocaron el hundimiento. Los vídeos muestran como un pilón se pliega y a consecuencia de ello sucesivamente el puente se hunde. ¿Por qué se plegó? ¿Fallaron los tirantes de cemento armado? ¿Se hundió el subsuelo?
Multa millonaria
La comisión investigadora nombrada por el Ministerio de Transportes e Infraestructuras intenta averiguar si Autostrade per l’Italia, controlada por Atlantia, falló en el mantenimiento del viaducto, tramo urbano de la autopista A10 (Francia-Italia). De resultar así, plantearía varios problemas políticos y económicos: revocación de la concesión, multa -un vicepresidente del Ejecutivo citó 150 millones-, y, en cascada, la nacionalización de todas las autopistas y la necesidad de saber si el mismo ministerio falló en el control de la seguridad o fue la concesionaria.
Cada una de las cuestiones presenta sus inconvenientes, como la de revocar la concesión y pasar los 3.020 km de autopista en manos de Atlantia al ANAS, la sociedad estatal de carreteras y autopistas (27.000 km), que en el mercado actúa como una sociedad privada. Renacionalizar los 3.020 km supondría un desembolso del Estado de aproximadamente 20.000 millones de euros, imposibles de hallar por la situación económica del país, con la deuda más alta de la UE después de Grecia (130%).
La renacionalización comportaría también la supresión de los peajes para Atlantia, cuya deuda ya no sería ya garantizada y el 70% de la cual está en manos de pequeños ahorradores e inversores de toda Italia. Esto es buena parte de los electores del actual Gobierno populista.
