El Gobierno de Nicolás Maduro calificó como una "cortina de humo", la deportación de 59 venezolanos que ordenó el Ejecutivo de Iván Duque, que vinculó a estas personas con actos vandálicos durante las protestas masivas que comenzaron en Colombia la semana pasada.

En un comunicado publicado por el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter, el Gobierno de Maduro manifestó que las acusaciones contra los migrantes venezolanos tienen como objetivo desprestigiar "la indignada y legítima protesta" en las calles colombianas.

"Tratos inhumanos"

El Gobierno de Maduro denunció "la conducta irregular y subrepticia" de las autoridades colombianas, a las que responsabilizó de ordenar las deportaciones "sin acusación formal ni fórmula de juicio" y, por tanto, de haber "incurrido en tratos inhumanos" a las personas afectadas.

En el comunicado se adelanta que las autoridades venezolanas denunciarán ante los organismos internacionales la supuesta actitud "criminal" del gobierno colombiano.

El texto expresa la "indignación" y "profunda preocupación" por la deportación de los 59 venezolanos que residían en Colombia y se acusó a Duque de responsabilizar a estas personas de "las masivas protestas sociales" que se han registrado en varias ciudades de ese país.

A juicio de la Administración de Maduro, "la acción de criminalizar" a los migrantes venezolanos son "un burdo pretexto" para desviar la atención del Gobierno de Duque, al que considera el "verdadero responsable" de "la crisis colombiana".

Vandalismo y violencia

Las autoridades colombianas acusan a los venezolanos deportados de realizar actividades que afectan "el orden público y la seguridad ciudadana" en Bogotá durante los primeros días de manifestaciones masivas contra el Gobierno de Iván Duque. La Policía explicó que los venezolanos fueron expulsados por "generar vandalismo y violencia" en Bogotá durante las manifestaciones.

Este martes, antes de la sesión del Parlamento, el líder opositor Juan Guaidó recordó el caso y dijo que Maduro tiene "la posibilidad de enviar dinero a células violentas" en Colombia, así como ofrecer "algún tipo de entrenamiento (y) formación en desestabilización", sin ligar a los venezolanos deportados con estos hechos.