El Gobierno portugués está reunido este sábado en un consejo extraordinario de ministros para estudiar el fallo del Tribunal Constitucional que invalida varias medidas de austeridad exigidas por el rescate luso, que cumple ahora dos años.
La reunión, iniciada después de las dos de la tarde y cuya duración se desconoce, ha sido la única reacción por ahora del Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho a la sentencia del máximo tribunal, que abre un agujero de unos 1.000 millones de euros en los presupuestos del país y pone en riesgo sus metas de déficit.
Mientras el Gobierno se reunía en Lisboa, el mayor sindicato del país, la central comunista CGTP (Confederación General de Trabajadores de Portugal) iniciaba en Viana de Castelo, en el norte luso, otra medida de protesta contra la política de austeridad. El secretario general del sindicato, Arménio Carlos, pidió al jefe de Estado, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, que "haga un favor al país" y cambie al primer ministro.
La CGTP, como el resto de la oposición, considera desautorizado al Ejecutivo por el dictamen del Constitucional contra su política económica, emitido el viernes y solicitado por el propio presidente luso, los partidos de izquierda y el Defensor del Pueblo.
En el inicio de una "marcha contra el empobrecimiento" que recorrerá el país y llegará a Lisboa la próxima semana, Carlos llamó a la "lucha" contra la política del Ejecutivo y el "moribundo" Gobierno de Passos Coelho.
Lluvia de críticas
El primer ministro luso, que llegó al poder en las elecciones anticipadas que siguieron, en junio del 2011, al rescate financiero, ha recibido una lluvia de críticas y peticiones de dimisión cuando se cumplen dos años de la petición de ayuda a la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al agravamiento de las previsiones sobre desempleo y caída del PIB luso por tercer año consecutivo, se sumó el viernes la decisión del Constitucional de anular, con efectos al 1 de enero, cuatro de las medidas de austeridad del presupuesto de este año, que pueden suponer cerca de un punto porcentual del déficit público.
Los magistrados, que también consideraron inconstitucionales el año pasado otras medidas de los presupuestos del 2012, invalidaron la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).
A falta de confirmación oficial, los expertos calculan que el importe de esas medidas de ahorro puede comerse el margen que dieron el mes pasado la UE y el FMI a Portugal en su meta de déficit fiscal de este año, que suavizaron del 4,5 % al 5,5 % ante la falta de recuperación de la economía lusa.
La decisión de los jueces podía haber tenido muchas peores consecuencias para los planes económicos del Ejecutivo si hubieran aceptado todas las reclamaciones sobre los presupuestos, que suponían más de cuatro mil millones de euros de ahorro público.
Con el fallo adverso del Constitucional, Passo Coelho cerró la semana más difícil en sus 22 meses al frente del Gobierno, en la que el principal partido de oposición, el socialista, le sometió a un voto de censura y pidió una "renegociación profunda" del rescate, tramitado por ese mismo partido antes de perder el poder.
Apenas unas horas antes de la lectura de la sentencia, televisada en directo a todo el país en medio de una gran expectación, Passos Coelho vio dimitir a su ministro de confianza, Miguel Relvas, por irregularidades en su titulación universitaria.
