Derecho a decidir, cárcel de naciones, conflictos de identidad y pertenencia... El glosario que tanto preocupaba a José Luis Rodríguez Zapatero empezó a esparcirse ayer, a cinco días del inicio de la campaña electoral. La declaración de independencia de Kosovo espoleó a los soberanistas vascos y catalanes. El Gobierno de Vitoria fue la más alta instancia política que salió en defensa del reconocimiento del microestado: su portavoz, Miren Azkarate, declaró que Kosovo es "una lección" a seguir. "El respeto a la voluntad ciudadana es la llave para la resolución de los problemas políticos enquistados", dijo. "Es una lección sobre el modo de resolver de forma pacífica y democrática conflictos de identidad y de pertenencia", afirmó. Joseba Egibar, presidente del PNV de Guipúzcoa, aseguró que España se "niega al reconocimiento" de Kosovo porque "sabe que en su estructura hay naciones que quieren decidir su futuro en libertad". Y, si no se les da "cauce", añadió, se convierte en "una cárcel de naciones".

Ninguna de estas declaraciones sorprendió al Gobierno. Tampoco la que hizo Josep-Lluís Carod-Rovira cuando pidió al Ejecutivo que no sea "el último" en reconocer al nuevo país y que se ponga "al nivel" de Europa.

El Gobierno, que prefería una decisión pactada con Serbia, habría pagado por que el anuncio se aplazara hasta después del 9-M. El Ejecutivo y el Ministerio de Exteriores se han movido en la indefinición, entre la exigencia de respeto al derecho internacional y la llamada al consenso en la Unión Europea.

Según algunas fuentes, a la reunión de ministros de hoy en Bruselas, España no llega con una posición firme. Ayer, Moratinos guardaba silencio, un mutismo que hace sospechar que el Ejecutivo espera a ver cuántos socios apoyan al nuevo Kosovo para tomar una decisión.