Tras largas negociaciones, Hamás y Al Fatá ultimaban anoche los detalles de un acuerdo que debe permitir, al menos temporalmente, poner fin a la lucha de poder entre las dos facciones palestinas y formar un nuevo Gobierno de unidad nacional que sustituya al que ahora encabeza el islamista Ismail Haniya. A falta de concretar los flecos, Hamás ya ha aceptado que el "legítimo derecho a la resistencia contra la ocupación" se limite a los territorios ocupados, con lo que el movimiento islamista renuncia a atacar a civiles en territorio israelí y al lanzamiento de los cohetes artesanales Qasam.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, consultadas por este diario, que el pacto pase de ser "inminente" a convertirse en realidad depende de que se acuerde la formación de un Gobierno de tecnócratas y se pacten los mecanismos de control a que deben someterse los hipotéticos acuerdos que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) alcance con Israel. Hamás aceptaría disolver su Gobierno y que se forme uno nuevo que estaría controlado, en parte, por la mayoría islamista en el Parlamento, y en parte por los amplios poderes que la Ley Básica otorga al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbás, alias Abú Mazen .

EL RIESGO "Los enfrentamientos y los muertos de los últimos meses son la mejor carta negociadora. Si no hay acuerdo, la situación se agravaría mucho", decía Adly Sadeq, líder de Al Fatá en Jan Yunis. Al riesgo de una confrontación abierta se ha unido el referendo que Abú Mazen convocó sobre la Iniciativa de los presos , el texto a partir del cual han negociado Hamás y Al Fatá. El plebiscito, que se desconvocará si hay acuerdo, ha actuado como una espada de Damocles de dos filos: Hamás es consciente de que el sí deslegitimaría a su Gobierno, y Al Fatá sabe que un boicot islamista al referendo traería un baño de sangre.

Así las cosas, este fin de semana se llegó a un acuerdo sobre "el 98% del texto", según las partes implicadas, a través de elaboradas fórmulas semánticas que permiten a Hamás una salida más o menos airosa a sus convulsos meses de Gobierno en solitario, marcados por el boicot internacional, el caos en las calles y una grave crisis económica debido a las sanciones internacionales. Entre los aspectos destaca la decisión islamista de fusionar sus milicias con las fuerzas de seguridad de la ANP. Una vez se ratifique, el acuerdo deberá sobrevivir a las divisiones internas de Al Fatá y Hamás. Y deberá pasar la prueba del algodón de la comunidad internacional.