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UNIÓN EUROPEA

Iberia tendrá seis meses para adaptar su accionariado tras el 'brexit'

La UE exigirá que presenten un plan "preciso y concreto" sobre las medidas para cumplir con la normativa europea

 

Un avión de la aerolínea española Iberia. - EL PERIÓDICO

SILVIA MARTINEZ
20/02/2019

Las aerolíneas bajo control británico, como es el caso de Iberia, tendrán seis meses de plazo extra para adaptar su accionariado en caso de un ‘brexit’ sin acuerdo. Es el plazo que han acordado los negociadores del Parlamento Europeo, que pedían doce meses, y del Consejo, que defendían siete meses, para que la compañía lleve a cabo la reestructuración necesaria para cumplir con el reglamento europeo si quieren seguir volando dentro de la Unión Europea. Esto significa que, si el brexit se produce el 29 de marzo, tendrán hasta finales de septiembre para adaptarse.

Según la normativa europea, las licencias de explotación para los vuelos intracomunitarios solo pueden asignarse a empresas cuyo control efectivo –más del 50%- está en manos de un Estado miembro o sus nacionales. La Comisión Europea tienen dudas de que Iberia, que forma parte del holding IAG junto con Vueling, Aer Lingus y British airways, siga cumpliendo este requisito tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Los planes presentados hasta ahora por IAG no han convencido al Ejecutivo comunitario, que inicialmente no incluyó ningún período transitorio en su propuesta de reglamento. Consejo y Eurocámara se han puesto, sin embargo, de acuerdo para dar un plazo extra de seis meses para encontrar una solución que permita a las aerolíneas del grupo seguir operando si el 29 de marzo se produce un ‘brexit’ caótico.

Este pacto provisional, que deberá ahora ser confirmado por ambas instituciones, pretende evitar que haya “un severo trastorno” en las conexiones aéreas de vuelos de pasajeros y de mercancías. El acuerdo, condicionado a que el Reino Unido garantice condiciones equivalentes que aseguren una competencia justa, incluye el plazo de seis meses y dos semanas a partir de la entrada en vigor del reglamento para presentar en Bruselas “un plan preciso y concreto” sobre las medidas que piensan adoptar para cumplir con las normas europeas sobre y reestructurar el accionariado.