Tras cruzar mares y muros, a algunos refugiados que llegan a Europa les queda por saltar una última alambrada, hecha de palabras. Nueve países europeos emplean un controvertido test lingüístico para averiguar el origen de los solicitantes de asilo indocumentados.

Esta técnica, llamada LADO (Análisis del Lenguaje para la Determinación del Origen, en las iniciales inglesas), fue cuestionada en 2014 por el Tribunal Supremo del Reino Unido y en 2015 por la Agencia de Migraciones de Suecia, a raíz de un goteo de atribuciones de nacionalidad erróneas. No obstante, la Comisión Europea no tiene el asunto en su agenda. Al contrario, el acuerdo firmado este año entre Turquía y la Unión Europea para la gestión de los refugiados incluye el LADO entre las herramientas a emplear.

La 'máquina de la verdad lingüística' consiste en escuchar el habla de un solicitante de asilo indocumentado y averiguar si su lengua o dialecto corresponde a la zona de la cual dice venir. Pero cada país aplica su protocolo: la escucha se hace en persona o por teléfono; dura desde 20 minutos hasta una hora; la llevan a cabo profesores universitarios de lingüística o freelance con el único mérito de tener una lengua materna rara. Millares de solicitantes de asilo pasan por este proceso cada año, con tasas de rechazo a menudo superiores al 50%.

Peso en la decisión

“La conjunción inglesa' but' se pronuncia 'bot' en Nigeria y 'bat' en Ghana. Los somalís del Norte pronuncían 45 'five-fourty' y los del Sur 'forty-five', ejemplifica Tina Cambier-Lagenveld, responsable del servicio lingüístico (BLT) holandés y experta de referencia en esta práctica. "Los resultados del análisis del lenguaje tienen un impacto importante sobre las decisión de conceder o no el asilo”, observa Anna De Graaf, de De Taals Studio, una empresa holandesa que proporciona el servicio de análisis en diversos países.

El LADO saltó a las crónicas ya en 2013, cuando empezó en el Reino Unido un juicio contra Sprakab - una empresa sueca pionera del LADO en los años ’90 a la cual el servicio de inmigración británico externaliza ese servicio - por supuestos errores en la clasificación de miembros de una minoría somalí. Sucesivamente, investigaciones periodísticas identificaron centenares de potenciales errores y destaparon que un analista de Sprakab tenía una condena por tráfico de drogas. El caso llegó hasta el Tribunal Supremeo del Reino Unido, que en 2014 cuestionó la actuación de Sprakab.

Un rosario de otros casos polémicos se ha sucedido en Europa en los últimos años. En junio de 2015, el exministro sueco Sten Heckscher entregó a la agencia de migraciones del país un informe sobre el LADO que solicitaba urgentemente pruebas de mejor calidad.

La peticion de la ONU

Ya en el 2010, la entonces jefa de la oficina de la UE de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) Blanche Tax emplazó a la UE a fijar unos protocolos armonizadas para el LADO. “Realmente no tenemos mucha información sobre este asunto - afirma Jean-Pierre Schembri, portavoz de la Oficina Europea de Ayuda al Refugiado (EASO) - hasta ahora no ha sido objeto de ningún intento concreto de armonización”.

Al margen de las incertidumbres asociadas de por sí al idioma (dialectos, multilingüismo, zonas fronterizas, etc.) el proceso presenta otras complicaciones. Estos reporteros consiguieron copias de 14 análisis de la oficina de migraciones alemana (BAMF) sobre idiomas de Tibet, Somalia, Iran y Sierra Leona. De promedio, esas pruebas duraron tan solo media hora.

La anonimidad que protege a los analistas (designados como "Tib 1711", "Kur 405", "253 Afr"…) dificulta averiguar su calificación. En un caso, un analista llamado a juzgar una caso de Somalia sienta su análisis en una investigación lingüística sin publicar de un experto ruso que dice haber ido a Somalia dos veces en su vida.

“A veces, el analista y el solicitante de asilo pertenecen a grupos enfrentados en su país, o se conocen de antes de la entrevista”, observa Lutz Rzehak, un profesor de lenguas centroasiáticas la Universidad Humboldt de Berlín y consultor de LADO para el BAMF. “A veces los solicitantes se ponen a llorar cuando se les pregunta sobre los ingredientes de un plato o las reglas de un juego típico”, añade.

Amplio abanico de tarifas

Según documentos conseguidos por estos reporteros, una de las empresas más controvertidas del mercado se hizo con el servicio de LADO de un país, ofreciendo precios entre 16 y 161 euros por cada análisis. Según Cambier, los analistas que trabajan para el servicio lingüístico holandés cobran unos 180 euros por servicio. Otras empresas piden entre 300 y 900 euros. El coste medio en Alemania en 2014 fue de 600 euros por análisis.

Hay quienes critican de forma radical el LADO. “El análisis del lenguaje se considera una prueba en los casos de asilo, pero no lo es: el idioma no determina la nacionalidad”, afirma Alison Harvey Legal Director Immigration Law Practitioners' Association (ILPA). “Los gobiernos quieren determinar la nacionalidad, pero los lingüistas solo pueden decir algo sobre la socialización de una persona”, observa Peter Patrick, profesor de lingüística de a Universidad de Essex. “Muchos solicitantes de asilo tienen historias familiares y de viaje complicadas”, explica. Por ejemplo, desplazarse del lugar de nacimiento a corta edad o pasar años en campos de refugiados donde la lengua materna es minoritaria, lo que da lugar al “rozamiento lingüístico”: la pérdida de competencias tras vivir años fuera de una comunidad de hablantes.

“Algunas empresas tiene presiones comerciales y alguna oficinas gubernamentales quieren usar el LADO todo lo que puedan, por razones políticas. Estas motivaciones les desvían del método cientifico”, concluye Patrick.

Los lingüistas discrepan del método a emplear

Una enconada batalla académica se está librando alrededor del LADO. Un grupo de lingüistas, encabezado por la holandesa Tina Cambier-Lagenveld, considera que lo puede llevar a cabo cualquier persona que comparta lengua materna con el solicitante, y que esté supervisada por un lingüista (aunque este no conozca el idioma). Otros, encabezados por el británico Peter Patrick, creen que deberían ser lingüistas conocedores del idioma (aunque no sea su lengua materna) quienes deberían suministrar el test.

Las dos posiciones se han plasmado en dos líneas-guía contrapuestas. La primera en unas directivas aprobadas por la International Association of Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). La segunda, en un código de buenas prácticas firmado por una cincuantena de lingüistas seguidores de Patrick.

Según la posición que abandera Cambier-Lagenveld, que fue ratificada por el Consejo de Refugiados de los Países Bajos en 2013, los hablantes no expertos pueden ser entrenados y controlados, mientras un lingüista que no comparta la lengua materna del solicitante puede equivocarse. Patrick replica que un hablante no experto puede tener perjuicios que un lingüista sabe evitar.

LAS CLAVES

- Los países: El controvertido test lingüístico se hace oficialmente en nueve países europeos.: Suecia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria y Suiza. En España se hace oficiosamente.

- Los resultados: Muchas veces estas pruebas dan resultado negativo y las solicitud de asilo es rechazada. En el caso suizo, el porcentaje de negativos es el 71%. En Austria es del 51%.

-El método: Varía de un país a otro. En muchos casos las pruebas las hacen hablantes de la lengua alegada por el solicitante supervisados por lingüistas o directamente por lingüistas especializados.

*Este reportaje se ha llevado a cabo con el apoyo dejournalismfund.eu y en él han participado Michele Catanzaro,Philipp Hummel, Astrid Viciano y Elisabetta Tola