Ha pasado poco más de un mes desde que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes puso en marcha la investigación de impeachment contra Donald Trump, el primer paso para juzgar políticamente al presidente y forzar su destitución. Todos los testigos han declarado hasta ahora a puerta cerrada, pero el relato que ha ido emergiendo es muy comprometedor para la Casa Blanca. Diplomáticos y altos cargos del Consejo de Seguridad Nacional han declarado que Trump y su Administración condicionaron ayudas militares a Ucrania a la apertura de una investigación contra el demócrata Joe Biden, su principal rival político cara a las elecciones del 2020. Una narrativa que apunta hacia el abuso de poder, el soborno y la obstrucción a las pesquisas del Congreso.
La Casa Blanca insiste en que el impeachment no es más que una «caza de brujas», una maniobra «ilegítima» para revertir la soberanía popular expresada en las urnas. Varios republicanos han mostrado su «preocupación» ante los hechos esgrimidos, pero en gran medida han cerrado filas en torno a su líder.
LA ESTRATEGIA REPUBLICANA / Como estrategia de defensa han tratado de impugnar la credibilidad de los testigos, casi todos ellos respetados diplomáticos y militares de carrera, pero, sobre todo, han cuestionado la limpieza y transparencia del proceso. Entre otras cosas, acusaban a sus rivales políticos de haber abierto la investigación sin un voto formal en la Cámara baja, un paso que no exige la Constitución, pero que sí se produjo en los procesos contra Andrew Johnson (1868), Richard Nixon (1973) y Bill Clinton (1998).
De ahí que ayer la mayoría demócrata en el Congreso sometiera la investigación a voto para formalizarla y dejar a los conservadores sin uno de sus principales argumentos. La moción se resolvió con 232 votos a favor y 196 en contra. Ni un solo republicano respaldó la investigación y solo dos demócratas votaron en contra. «Todos los diputados deberían permitir que los estadounidenses puedan escuchar los hechos», dijo la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi. «Eso es lo que estamos votando. Permitir que se sepa la verdad. Lo que está en juego es nuestra democracia», señaló.
El voto para formalizar las pesquisas abre una nueva fase en el impeachment. De las declaraciones a puerta cerrada se pasará a los testimonios televisados. Las transcripciones de lo escuchado hasta ahora únicamente por los miembros de los comités se harán públicas. Y el presidente y sus abogados podrán llamar a testigos e interrogarlos. No hay que olvidar que el proceso está todavía en fase de investigación, que sirve para determinar si hay pruebas para acusar al presidente de traición, soborno, altos crímenes o faltas, los motivos que la Constitución esgrime para sentarlo en el banquillo. De ser así, el Comité Judicial presentará los cargos (artículos del impeachment) y, si la Cámara baja los aprueba, comenzará el juicio en el Senado.
La Administración Trump ha tratado de bloquear las pesquisas, ordenando a todos los funcionarios que no declaren ante el Congreso. Pero el tiro le ha salido por la culata.
De los testimonios también se desprende que Trump creó una diplomacia paralela para presionar a los ucranianos, aliados fundamentales de EEUU en su estrategia para contener a Rusia. Un chiringuito liderado por Rudolph Giuliani (su abogado personal), Gordon Sondland (su embajador para la Unión Europea, sin más credenciales que haber sido uno de los grandes donantes de su campaña) o Rick Perry (su secretario de Energía).
Esa operación en la sombra despertó tantas alarmas entre los responsables de la política ucraniana que John Bolton, el entonces asesor de Seguridad Nacional, advirtió a la Casa Blanca de que Giuliani era «una granada de mano» que acabaría «dinamitando» la Administración si no le paraban los pies.
