Estados Unidos debería conceder una mayor protección a la privacidad de los ciudadanos no estadounidenses y sopesar cuidadosamente las consecuencias de espiar a sus líderes. Estas son algunas de las conclusiones del informe de más de 300 páginas elaborado por un grupo de expertos a petición del presidente Barack Obama.

El documento recomienda 46 propuestas no vinculantes para restaurar la confianza en la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), un paquete de medidas que, en general, llaman a fortalecer los mecanismos de control para limitar el espionaje indiscriminado y masivo de la NSA. El informe asegura que para "reducir el riesgo de una vigilancia injustificada, innecesaria o excesiva en países extranjeros", ya sea de sus líderes o ciudadanos, esos programas deberían aprobarse desde las más altas instancias y, en algunos casos, por el mismo presidente.

Además añade que el objetivo de esas actividades tiene que ser "exclusivamente"” la protección de los intereses nacionales de EEUU y sus aliados. En ningún caso, deben dedicarse a fines ilícitos, como el robo de secretos comerciales, o a espiar a ciudadanos extranjeros sin más pretexto que su afiliación política o religiosa. Estaba previsto que el informe se presentara a mediados de enero, pero la Casa Blanca ha adelantado su publicación, posiblemente para apaciguar las presiones que le llueven últimamente desde los tribunales, la industria de internet o el Congreso.

Repercusiones del 'caso Snowden'

En agosto, dos meses después de que empezaran a publicarse las revelaciones de Edward Snowden, Obama encargó su elaboración a un grupo de cinco expertos muy cercanos a la Administración. Gente como el exdirector interino de la CIA Michael Morell, el exzar antiterrorista Richard Clarke o Peter Swire, un exasesor en temas económicos y de privacidad. El informe abre la puerta a pactar con los aliados más estrechos de EEUU un marco consensuado de normas que rijan el espionaje. Concretamente habla de "un grupo pequeño de gobiernos cercanos" y siempre que se cumplan "unos criterios específicos". Este es el tipo de acuerdo que ha venido reclamando Alemania desde que se descubrió que la NSA había pinchado el teléfono de la canciller Angela Merkel.

En un plano más interno, el informe propone que la NSA deje de recabar y almacenar los datos de la práctica totalidad de las llamadas que realizan los ciudadanos estadounidenses, lo que le otorga hasta ahora un acceso ilimitado a esos registros. En su lugar propone que sean las telefónicas o un consorcio creado para la ocasión los que guarden esos datos. Para acceder a ellos, la NSA debería demostrar que existe una "sospecha razonable" y, en todo caso, el acceso debería aprobarlo antes el tribunal que dirime en los asuntos relacionados con el espionaje exterior.

Ese tribunal, la Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA), ha sido muy denostado por los defensores de los derechos civiles porque sus decisiones se toman en secreto, porque raramente falla en contra de los deseos del Gobierno y porque no cuenta entre sus miembros con ninguna figura independiente que defienda los derechos de la ciudadanía. En este sentido, el grupo de expertos ha recomendado que se incluya una figura que vele por los intereses de la población. En consonancia con las demandas de los fabricantes de software, como Microsoft y Google, el informe recomienda a su vez a la NSA que deje de debilitar los estándares de encriptación o de destruir los sistemas informáticos fabricados en EEUU. La industria arguye que esas prácticas están dañando la confianza en sus productos fuera de EE UU.

Todas estas recomendaciones son puramente consultivas. Está previsto que Obama se pronuncie sobre ellas durante el mes de enero. Falta ver ahora hasta qué punto está dispuesto a reformar las actividades de la NSA porque, en realidad, muchos de los cambios propuestos no son más que matices. La pregunta es si quiere cambios reales o meros ajustes cosméticos para tratar de calmar a los críticos de la agencia.