Trescientas mil familias italianas esperan con ansia el primer decreto ley que aprobará hoy en Nápoles el primer Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi. Son las familias que se sirven de una mujer del Este europeo, de un filipino o de un peruano para cuidar al abuelo o a la abuela o para llevar y traer los niños de la escuela. 300.000 personas en la clandestinidad, sin permiso de residencia ni de trabajo y sin seguro. Aun así, son imprescindibles para la economía nacional. No serán arrestadas, pero tal vez tampoco legalizadas. "Seguiremos viviendo en la hipocresía", explica el colectivo Abogados de Calle, que cuida gratuitamente de sus intereses.
