El Gobierno de Bagdad dio ayer el primer paso para acabar de una vez por todas con la impunidad de que gozan las empresas de seguridad privada extranjeras que operan en Irak. El Ejecutivo del primer ministro Nuri al Maliki aprobó ayer un proyecto de ley que somete a estas compañías y a sus empleados a la legislación iraquí. La propuesta deberá ser ahora sancionada por el Parlamento, lo que se da por hecho. De entrar finalmente en vigor, la ley dejará sin efecto el decreto que dictó en el 2004 la Autoridad Nacional de la Coalición. La norma impide que cualquier empleado de estas empresas responda de sus actos ante la justicia iraquí. En el país hay más de 180 compañías de seguridad extranjeras.
