Un tribunal de Reikiavik ha abierto este lunes el juicio contra el exprimer ministro islandés Geir H. Haarde en el que se le acusa de negligencia por su actuación en la crisis causada por el colapso bancario del país en octubre del 2008.

A su llegada a la corte judicial, el conservador Haarde insistió en calificar el proceso de "farsa" y señaló que pedirá al tribunal que cierre la causa porque entiende que se trata de un proceso político. Haarde está acusado de violar la ley sobre responsabilidad de los ministros y de desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los principales bancos islandeses.

El exmandatario islandés se arriesga a una pena de cárcel de dos años, después de que el Parlamento (Althingi) diera luz verde al proceso hace un año, siguiendo el consejo del informe de una comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis. En esa misma votación, el Parlamento exculpó a tres exaltos cargos de su Gobierno, un conservador y dos socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión investigadora. Haarde será juzgado por el Landsdómur, un tribunal especial que nunca antes había actuado desde su creación en 1905.

El colapso económico en octubre del 2008, que obligó al Gobierno a nacionalizar los principales bancos del país, colocó a Islandia, que ha recibido ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la peor crisis de su historia reciente. Las protestas populares provocaron en enero del 2009 la caída del gobierno de coalición entre el conservador Partido de la Independencia y el Partido Socialdemócrata que encabezaba Haarde, que se retiró de la política al descubrírsele un tumor cancerígeno.

La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, gobierna con mayoría absoluta desde el 2009 un país que negocia su entrada en la Unión Europea (UE), complicada por la disputa que mantiene con el Reino Unido y Holanda por la indemnización a ahorradores de estos países tras la quiebra del banco islandés Icesave. Los islandeses rechazaron en abril pasado, por segunda vez en un año, una ley para indemnizar a los ahorradores británicos y holandeses y el caso ahora parece destinado a ser resuelto en los tribunales europeos.