Los nuevos presupuestos generales de Italia, recién aprobados, contemplan partidas que procederán de impuestos sobre el uso del plástico y bebidas azucaradas. La aprobación de las cuentas supone la superación del primer escollo para el nuevo Gobierno de coalición integrado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y algunas formaciones progresistas.
El Ejecutivo que se formó en agosto ha conseguido evitar la votación de enmiendas al imponer un voto de confianza, tanto en el Senado, la semana pasada, como en la Cámara de los diputados, donde a altas horas de esta madrugada el documento fue aprobado con 312 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones.
Con estos presupuestos, Italia prevé conseguir 32.000 millones de euros para el próximo año y que el crecimiento sea del 0,6 %, el déficit del 2,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) y la deuda del 135,2 %. La ley evita el aumento del IVA al 21 %, lo que hubiera representado el ingreso de 23.000 millones de euros.
Una de las medidas más polémicas y criticadas por la oposición porque penaliza a las industrias está la que establece un impuesto al plástico de 45 céntimos por cada kilogramo, incluido el tetrapak, con la que se espera se puedan conseguir 1.000 millones de euros en tres años.
"IMPUESTO AL AZÚCAR"
También se ha introducido el controvertido llamado "impuesto al azúcar", que supone 10 céntimos por cada kilogramo de bebida azucarada, que entrará en vigor a partir del próximo octubre de 2020. Y un nuevo impuesto para las empresas digitales con el objetivo de llegar a los 708 millones de euros por año.
Se espera recaudar más de 300 millones de euros en las ganancias de las loterías y juegos de azar al aumentar al 20 % el impuesto sobre las ganancias que superen los 500 euros.
Se han asignado cerca de 3.000 millones para reducir impuestos sobre la renta en el trabajo, la llamada cuña fiscal, a los cerca de 4,5 millones de trabajadores con ingresos entre 26.600 y 35.000 euros, que recibirán unos 500 euros más en 2020 y 1.000 euros más en 2021.
El nuevo presupuesto también prevé la abolición de una parte del copago sanitario y se prevén inversiones por un valor de 2.500 millones entre 2020 y 2022 destinadas a proyectos eco-sostenibles.
Igualmente prevé incentivos para fomentar el uso de tarjetas de crédito y débito como forma de combatir la evasión fiscal, por valor de 3.000 millones de euros en 2021.
