Italia ha renovado este domingo el polémico acuerdo de cooperación con Libia puesto en marcha en el 2017 y que ha servido para entregar recursos a este país a cambio de la contención del flujo migratorio en el Mediterráneo central. El pacto, que se ha renovado sin cambios y de manera automática, al no haber sido rectificado o modificado por Italia, ha sido duramente criticado —sin éxito— en los últimos días por varias organizaciones humanitarias y expertos en Derecho Humano.
El renovado acuerdo supone así la continuación de programas de “soporte” y “financiación” a la guardia costera libia, a menudo cómplice de los traficantes. El pacto fue activado hace tres años durante el gobierno del progresista Paolo Gentiloni, en un momento en el que el repunte en las llegadas de migrantes provocó un viraje populista y de tintes xenófobos en el discurso de muchos de los políticos más influyentes entonces. Aún así, la colaboración posterior también recibió fondos de la Unión Europea.
El resultado han sido miles de personas migrantes interceptadas en el mar y devueltas a Libia, un país desangrado por la guerra y que la ONU no considera un puerto seguro. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, unos 40.000 migrantes habrían sufrido este destino. Un drama que también ha coincidido con la apertura Libia de decenas de centros para migrantes que se han convertido en lugares deln se practica la tortura y la extorsión.
Este acuerdo es “inaceptable y inhumano”, ha criticado el eurodiputado Pietro Bartolo, durante años uno de los pocos médicos residentes en Lampedusa. “Italia debe suspender con urgencia sus actividades con la guardia costera libia”, ha dicho, por su lado, la responsable para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic. “Ya en el 2019 documenté cómo ciertos tipos de asistencia contribuyeron a aumentar el número de migrantes y solicitantes de asilo regresados a Libia, donde fueron víctimas de graves violaciones”, ha continuado.
TELA DE JUICIO
La noticia ha coincidido con la decisión de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de retirarse del centro de evacuación de Trípoli conocido como GDF (Gathering and Departure Facility), que costó 6 millones de dólares. "Nos preocupa que toda la zona pueda convertirse en un objetivo militar", ha explicado el jefe de la misión de ACNUR en Libia, Jean-Paul Cavalieri.
Una decisión que también pone de nuevo en tela de juicio la capacidad de la Unión Europea para garantizar una protección a los que siguen atrapados en Libia. El GDF era usado para la evacuación de potenciales refugiados a Italia, o a Níger, y de este país, a países europeos o de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). ACNUR confirmó posteriormente que no ha suspendido por completo sus actividades en el país, si bien lo sucedido deja en el aire la posibilidad de continuar con las evacuaciones.
Igualmente inquietante es lo que ocurre en el mar. Tan solo el jueves la avioneta de reconocimiento Moonbird, que pertenece a la oenegé alemana Sea Watch y que se dedica a buscar pateras en dificultades en el Mediterráneo central, denunció una devolución en caliente a Libia de unos 30 migrantes que fueron interceptados por un barco de Turquía. País, este, que desde el diciembre se ha sumado a la lista de países involucrados activamente en la tragedia libia.
