Japón ha puesto fin al paréntesis de un año sin aplicar la pena de muerte. Las autoridades penitenciarias han ejecutado hoy a dos condenados por asesinatos múltiples. Los presos ajusticiados son Kazuo Shinozawa, de 59 años, responsable de la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en el 2000, y Hidenori Ogata, de 33, condenado por matar a una pareja en el 2003. En el país asiático la pena capital se aplica siempre en la horca.

La noticia ha sido recibida entre la indiferencia de la población japonesa, que apoya mayoritariamente la pena capital para los delitos de sangre, y el estupor de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han considerado las ejecuciones de "duro revés". La última vez que se aplicó la pena de muerte fue justo hace un año, el 28 de julio del 2009. Japón es junto a Estados Unidos uno de los pocos países industrializados y democráticos que incluye la pena de muerte como máximo castigo en su código penal.

ACABA LA MORATORIA OFICIOSA

Las ejecuciones de hoy han puesto fin a una moratoria oficiosa que se mantenía desde que llegó al poder el Partido Democrático (PD), que arrasó en las elecciones de agosto pasado y nombró ministra de Justicia a la abogada progresista Keiko Chiba, entonces miembro de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte. Chiba, que hasta hoy no había firmado ninguna sentencia de muerte y había pedido a los jueces prudencia a la hora de sentenciar al máximo castigo, ha estado presente en las ejecuciones. Es la primera vez que un ministro de Justicia presencia una ejecución. Chiba lo ha justificado diciendo que era su "deber revisar el proceso".

Los dos presos han sido ejecutados en el Centro de Detención de Tokio, una de las siete cárceles japonesas donde puede aplicarse el máximo castigo y que Chiba tiene intención de abrir al escrutinio de los medios de comunicación próximamente. La ministra tiene previsto crear un comité sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón, donde más del 80% respalda el máximo castigo. "Siento la necesidad de que haya un debate serio sobre la pena de muerte", ha señalado la ministra, que rechazó hablar de sus convicciones personales sobre el tema.

CRÍTICAS DE AMNISTÍA

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos tenían esperanza de que la llegada de Chiba al Ministerio de Justicia, en septiembre pasado, implicase la declaración de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, previa a su abolición definitiva. Hoy, Amnistía Internacional ha lamentado "profundamente" el reinicio de las ejecuciones y ha mostrado su "decepción y enfado" con la decisión de la ministra. A juicio de AI, antes de abrir un debate público sobre el rema, es preciso paralizar las ejecuciones.