El joven, de 27 años, de origen kurdo encarcelado en Sevilla desde el miércioles por arrojar un zapato y llamar "criminal y asesino" al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido la libertad alegando que tiene trabajo y arraigo social en España.
El acusado, Hokman Joma, ha mantenido en su recurso que la prisión provisional "es una medida excepcional que solo puede adoptarse en casos especiales, frente a la normalidad de la libertad".
Una falta en grado de tentativa
Su abogado, Luis Ocaña, ha rechazado especialmente las referencias de la juez de instrucción 12 a la "repercusión internacional de los delitos imputados", pues "la alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional", según la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional.
En su recurso Ocaña sostiene que la conducta del joven "podría constituir, a lo sumo, una falta y además en grado de tentativa". Ha definido la imputación de un delito de atentado a la autoridad como "descabellada", ya que "arrojar un zapato a la multitud no puede considerarse ni como empleo de la fuerza ni como intimidación grave".
Tres delitos
Hocman Joma ingresó en prisión acusado de tres delitos, uno contra la comunidad internacional, otro de injurias, y un tercero de resistencia a la autoridad.
El delito de resistencia a la autoridad "carece de todo fundamento a la vista de las imágenes de la detención, pues el joven "aparece absolutamente noqueado, es rápidamente inmovilizado y conducido en volandas al vehículo policial".
