Los magistrados que condenaron por corrupción al exprimer ministro francés Alain Juppé a 18 meses de prisión con suspensión de pena y a 10 años de inhabilitación, han denunciado haber sido objeto de presiones durante el proceso. En declaraciones a dos diarios, la presidenta del tribunal, Catherine Pierce, indicó ayer que tuvo que tomar medidas excepcionales para garantizar la confidencialidad de sus actuaciones, después de sufrir el registro de despachos, escuchas telefónicas e, incluso, amenazas de muerte.
Ante las sospechas de espionaje, los magistrados utilizaron ordenadores portátiles para redactar las más de 120 páginas de la sentencia de Juppé. El ministro de Justicia Dominique Perben, ordenó ayer la apertura de una investigación.
