El juez militar de EEUU encargado del caso de las torturas a prisioneros iraquís decidió ayer que la cárcel de Abú Graib es "escenario del delito" y ordenó, por tanto, que, durante la celebración de los consejos de guerra a los acusados, no sea demolida, atendiendo una petición de la defensa. Además, en las audiencias preliminares celebradas ayer por dos de los acusados, el soldado Charles Graner y el sargento Javal Davis, el juez permitió a los abogados defensores interrogar a la plana mayor del estamento militar estadounidense en Irak, incluyendo al comandante en jefe de las tropas de EEUU, el general Ricardo Sánchez, aunque no deberán testificar en la vista judicial.

La decisión del juez, el coronel James Pohl, de preservar Abú Graib contradice la decisión del presidente de EEUU, George Bush, quien anunció en mayo su intención de demoler el recinto y construir una "prisión de alta seguridad moderna y segura". El abogado defensor de Davis, Paul Bergrin, presentó al juez la moción para que "los miembros del tribunal pudieran sentir el olor a heces y a orín" con el que los acusados "debían convivir".

TAMBIEN ABIZAID Además del general Sánchez, podrán ser interrogados su adjunto, Thomas Metz, el general John Abizaid, jefe del Mando Central norteamericano en Irak, Geofrey Miller, jefe de los servicios penitenciarios, y Bárbara Fast, jefa de los servicios de información.

Guy Womack, abogado defensor del soldado Graner, reclamó ante la prensa la comparecencia del presidente Bush y del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, alegando que la política de la Administración de EEUU en la lucha antiterrorista creó un clima de impunidad en el que la crueldad estaba permitida. "Nadie en su sano juicio puede sugerir que la policía militar actuó sola", sentenció Womack. Bergrin, abogado del sargento Davis, acusó a Bush de incitar a cometer abusos al afirmar en un discurso que las convenciones de Ginebra no se aplicaban en su "guerra contra el terror".

Ambos letrados acogieron como una victoria que el juez decidiera suspender temporalmente la demolición de Abú Graib. "Este juez tiene la integridad de decir al presidente de EEUU: usted no va a tocar esa prisión", declaró Bergrin a la CNN.

NINGUN OFICIAL ENCAUSADO En total, siete militares estadounidenses, aunque ningún oficial, han sido acusados por las torturas, todos miembros de la compañía 372 de la Policía Militar. Uno de ellos, el soldado Jeremy Sivits, compareció ante el juez en mayo y se declaró culpable. Sivits fue condenado a un año de prisión y a su expulsión del Ejército, la máxima pena para los delitos que se le imputaban.

Los dos militares que comparecieron ayer ante el juez están acusados de golpear, dar palizas y maltratar a los presos. La audiencia preliminar de un tercer encausado, el sargento Iván Frederick, de 37 años, fue pospuesta ayer debido a la no comparecencia de su abogado defensor. Frederick, que puede ser condenado a una pena de 24 años de prisión, está acusado de amenazar a un preso con electrocutarlo, de obligar a varios reclusos a masturbarse y a formar pirámides humanas.

Otra de las encausadas, la soldado Lynndie England, comparecerá mañana ante la justicia en Fort Bragg, Carolina del Norte, donde está destinada.

PRACTICAS GENERALIZADAS A pesar de la voluntad de la Administración de Bush de presentar el escándalo de las torturas como los excesos cometidos por un puñado de soldados aislados, organizaciones como Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han refutado esta versión y han presentado pruebas de que eran prácticas generalizadas.