La Administración de Donald Trump, en su crudo asalto frontal intensificado en periodos electorales a normas que durante décadas han regulado el trato a los inmigrantes, lleva dos años intentando desarticular el Acuerdo Flores, un decreto que desde 1997 regula las condiciones de detención de menores migrantes en Estados Unidos. Dos años lleva impidiéndoselo la jueza federal Dolly Gee, que desde un tribunal de distrito de Los Ángeles supervisa la aplicación y supervicencia de ese acuerdo. Ahora, en medio de una pandemia de coronavirus fuera de control en EEUU, que ha llegado también a los centros de detención de migrantes, la magistrada ha vuelto a recordar sus obligaciones al gobierno, especialmente en lo que se refiere a los derechos y situación de menores, que Trump sigue haciendo sus víctimas.

El viernes la jueza dio orden de que se libere a los niños migrantes que llevan más de 20 días detenidos junto a sus familias en tres centros de ICE, la polémica agencia federal de inmigración y aduanas dentro del departamento de Seguridad Nacional, que a principios de junio tenía 124 niños en su custodia y donde algunas de las familias, incumpliendo la ley, llevan desde el año pasado. Por primera vez, y frente a otras decisiones en las que se instaba simplemente al gobierno a actuar con prontitud, la magistrada impuso una fecha límite para que se cumplan sus órdenes: el 17 de julio.

Dos de los centros de menores están en Tejas y uno en Pensilvania. En uno de los tejanos se han detectado ya 11 contagios de covid-19 y en el otro se esperan resultados y hay aislamientos. Y al emitir su dictamen la jueza Gee incluyó una reprimenda contundente al gobierno. Los centros de detención familiar están que arden, dijo respecto a la propagación del virus, no queda tiempo para medias tintas.

Los activistas que trabajan con migrantes y menores esperan que la Administración libere a los niños con sus familiares también detenidos pero el gobierno tiene la opción de mantener a los padres detenidos y poner a sus hijos en custodia de algún familiar o espónsor.

Sumando todas sus instalaciones, no solo las de menores, ICE ha detectado más de 2.500 casos positivos de coronavirus. Según la agencia, 900 de las personas que presentaban más riesgo han sido liberadas. Su resistencia a liberar a algunas de las familias, según documentación presentada el mes pasado ante la justicia, la argumentan en que presentan riesgo mayor de fuga pues muchos tienen órdenes de deportación pendientes o sus casos bajo revisión.