El Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene una mayoría conservadora, se alineó ayer con la Casa Blanca y permitió que el Gobierno de George Bush siga manteniendo en secreto los nombres de cientos de personas, en su mayoría árabes o musulmanes, arrestadas tras los atentados del 11-S, así como las circunstancias de su detención. "Mantienen el secreto para encubrir el hecho de que arrestaron a árabes y musulmanes inocentes en lugar de a presuntos terroristas", atacó Kate Martin, directora del Centro de Estudios para la Seguridad Nacional, una de las organizaciones que llevó el caso al Supremo.

Sin dar explicación alguna, la más alta magistratura de EEUU rechazó revisar el fallo de un tribunal inferior de apelaciones, que el pasado junio consideró peligroso para la seguridad nacional levantar el secreto de estas detenciones, porque eso podría ayudar a Al Qaeda, la organización terrorista que perpetró los atentados del 11-S, a planear más acciones terroristas. El Supremo autorizó al Gobierno a no revelar las fechas y lugares de los arrestos, o de la liberación de los más de 700 detenidos.

ACUSACIONES DE MALTRATOS Un informe emitido ese mismo mes por el inspector general del Departamento de Justicia mencionaba 762 arrestados y denunciaba "problemas significativos" en sus detenciones, incluyendo acusaciones de maltrato físico. Muchos de ellos fueron arrestados por violar las leyes de inmigración, y otros fueron retenidos como testigos materiales de la investigación sobre el 11-S.

Según el mismo informe, muchos de los detenidos fueron deportados cuando el FBI comprobó que no tenían conexiones terroristas, tras pasar meses en un limbo judicial. El único procesado hasta ahora por el 11-S es Zacarías Moussaui, un francés que fue detenido antes del 11-S.

"El Departamento de Justicia está manteniendo los nombres en secreto para encubrir su comportamiento indebido", arremetió ayer Kate Martin, a cuya organización se unieron otras 22 , incluyendo también medios de comunicación, para denunciar ante el Supremo la violación del derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que supone enterrar bajo una losa de silencio todas estas detenciones.

La posición de la Administración de Bush se apoya en que revelar la lista de personas entrevistadas y detenidas tras el 11-S daría a los terroristas una "hoja de ruta" sobre la investigación de los atentados. Además, según el Gobierno, "expondría a los individuos identificados a acoso e intimidación, y podría destruir cualquier valor de cara a obtener más datos en la investigación", añadieron los letrados del Departamento de Justicia.

Para los grupos que desafiaron al Gobierno ante el Supremo está claro que "como demuestra la Historia, en tiempos de crisis y miedo los funcionarios del ejecutivo tienden a reaccionar exageradamente, sobre todo en su trato a las minorías".