El Tribunal Supremo italiano ha confirmado este jueves la condena de Silvio Berlusconi a cuatro años de prisión por estafa fiscal, pero ha anulado la prohibición de acceder a cargos públicos. La sentencia ratifica las condenas de primer y segundo grado, excepto por lo que se refiere a la inhabilitación, que el Supremo ha decidido reenvíar al Tribunal de Apelación de Milán para que lo rectifique. Es la primera vez que una sentencia contra Berlusconi se convierte en definitiva.
La decisión del Supremo pone fin a una curiosa y extraña situación por la que un país entero, con su gobierno y parlamento, se encontraban en una especie de limbo a la espera del “día del juicio”. Los parlamentarios conservadores habían amenazado con abandonar masivamente el Congreso y Senado y los progresistas del PD, que gobiernan junto a los conservadores, estaban también divididos entre favorables y contrarios a una ratificación de la condena a causa de las posibles repercusiones sobre el Ejecutivo de Enrico Letta. Manifestantes favorables y contrarios se han manifestado todo el día cerca de la casa de Berlusconi y frente al Tribunal.
El líder conservador no irá a la cárcel, porque oficialmente carece de antecedentes. Por otra parte podrá beneficiar de los efectos de un indulto de 2006, por lo que los cuatro años de prisión quedarán efectivamente reducidos a uno. El político podrá decidir si lo pasa en arresto domiciliar o bien desarrollando alguna actividad a favor de la comunidad y a cargo de los servicios sociales.
Cargos públicos
La fiscalía había defendido ante la Corte Suprema la rebaja de los años de prohibición de cargos públicos, mientras que había mantenido la condena a cuatro años de prisión. De su parte, la defensa había solicitado una absolución plena, o en su defecto un cambio de delito penal, pasando de estafa fiscal a evasión fiscal, castigado con penas menores.
Los hechos se remontan al 2002-2003, cuando en aquel ejercicio fiscal la sociedad Mediaset, grupo industrial controlado por Berlusconi, estafó al fisco 7,3 millones de euros conseguidos a través de facturaciones alteradas en la compra-venta en los EEUU de derechos televisivos.
