Vuelven las barricadas y los gases lacrimógenos, los paraguas y las cargas, los comercios arrasados y las detenciones. La nueva normalidad en Hong Kong difiere muy poco de la vieja. Faltan aún los cócteles molotov y otro material pesado de aquellos días en los que radicales y policías se zurraban sin tiento, como si hubieran pactado un calentamiento previo al verano que se antoja tan fragoroso como el pasado.
El reciente anuncio de una inquietante ley de seguridad nacional desde Pekín ha vuelto a azuzar a la excolonia después de que el coronavirus, las vacaciones de Año nuevo y el hastío hubieran traído algo de sosiego a sus calles en los últimos meses. Ni la prohibición de reuniones de más de ocho personas ni el preceptivo distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus han alterado la vieja liturgia.
La jornada empezó con manifestaciones pacíficas de miles de hongkoneses hasta que la violencia rompió al caer la tarde. Grupos de jóvenes levantaron barricadas, destrozaron señales de tráfico y otro mobiliario urbano, prendiendo pequeños incendios y arrojando ladrillos a la policía. También arrasaron comercios que vinculan a simpatizantes del bando contrario y atizaron a los vecinos que se oponían a su vandalismo.
Un abogado acabó en el hospital tras una paliza de jóvenes antigubernamentales. La policía contribuyó con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua a unos choques que se extendieron por los distritos centrales de Causeway Bay y Wanchai. La jornada terminó con 180 detenidos por asamblea ilegal y desórdenes y cuatro policías heridos.
AUTONOMÍA Y DERECHOS / Las protestas llegaron horas después de que el viceprimer ministro chino, Han Zheng, subrayara la rocosa determinación para implementar la ley y de que Wang Yi, ministro de Exteriores, defendiera que no limará la autonomía ni las libertades y derechos del territorio. El legislativo chino aprobará la semana próxima la ley para «prevenir, frustrar y castigar» las amenazas a la seguridad nacional y la trasladará al Consejo de Estado para que entre en vigor antes de verano. Contempla delitos como la subversión, el separatismo, el terrorismo o la injerencia extranjera y abre la puerta a los órganos de seguridad del interior en la excolonia.
China juzga imprescindible esta nueva ley, no aprobada en 20 años por la oposición popular, para evitar los desórdenes violentos que el pasado año devastaron la economía y erradicar el intervencionismo extranjero al que culpa de atentar contra su soberanía nacional. Los gritos ya desacomplejados en favor de la independencia que se escucharon ayer en las calles, una línea roja que el sector antigubernamental había respetado hasta ahora para no alterar sin remedio a Pekín, empujan hacia un escenario peligroso.
