Un nuevo escándalo político se está fraguando en Italia. Esta semana ha salido a la luz que cinco diputados –que cobran un sueldo de hasta 12.000 euros mensuales– han solicitado el bono anticovid creado por el Gobierno de Giuseppe Conte para aliviar a pymes, autónomos y temporeros que durante el confinamiento no pudieron trabajar. Según ha trascendido ahora, 2.000 administradores locales, desde alcaldes hasta consejeros regionales, provinciales y municipales, también se han acogido a estas ayudas de 600 euros al mes.

El miércoles, la Liga de Matteo Salvini suspendió a dos de sus diputados, Andrea Dara y Elena Murelli, considerados cercanos al líder de la formación política. «A pesar de no haber violado ninguna ley, es inoportuno», explicó Riccardo Molinari, jefe del grupo de la Liga.

Salvini ya advirtió el domingo de que todos aquellos que hubieran solicitado el bono serían suspendidos y, en caso de elecciones, no volverían a ser candidatos. El líder ultra censuró que la Seguridad Social italiana (Inps) «haya podido pagar 600 euros a los parlamentarios y aún haya quién esté esperando el bono». El presidente del Inps, Pasquale Tridico, tendrá que comparecer mañana en el Parlamento para explicar cómo y por qué ha dado a conocer, con el beneplácito de la agencia de protección de datos, los nombres de los políticos que se han acogido a esta compensación. Los diputados implicados hasta el momento son cinco, aunque dos de ellos no obtuvieron el bono anticovid. Se trataría, según ha filtrado el Parlamento, de políticos de la Liga, del Movimiento 5 Estrellas y de Italia de los Valores, estos dos últimos socios del Ejecutivo de Giuseppe Conte.

El caso de los administradores locales resulta más complejo, ya que en la mayoría de los casos cobran poco más de 1.000 euros mensuales, por lo que siguen manteniendo sus pymes o bien sus despachos si son abogados, arquitectos, por ejemplo.

«He pedido el bono por un claro motivo», dice Federico Boggi, alcalde de un pueblo de 4.000 habitantes. «Después de la última factura de enero como autónomo, en marzo, abril y mayo he facturado cero. Soy abogado y no un político», explica. El diario Il Fatto Quotidiano ha recogido 40.000 firmas para que se publiquen todos los nombres. H