El Gobierno de Tony Blair ha tenido que dar marcha atrás y suavizar la legislación antiterrorista, que fue aprobada precipitadamente tras el 11-S y permitía la detención indefinida de extranjeros. La normativa fue calificada de ilegal, discriminatoria e incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos por la Cámara de los Lores, la más alta instancia judicial británica.
La nueva normativa no acaba con las acusaciones de arbitrariedad contra el Gobierno. Así, la ley no obliga a las autoridades a tener pruebas de que alguien haya cometido un delito para aplicarle la legislación antiterrorista.
Por otra parte, Blair no descarta usar la fuerza contra Irán para frenar su supuesto programa de armamento nuclear, según dejó claro en una entrevista publicada ayer por el diario Financial Times .
