El ministro de Interior británico, Charles Clarke, instó ayer al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) a no coartar la eficacia de la lucha antiterrorista con una defensa excesiva de los derechos y libertades. Clarke insistió en especial en la necesidad de adoptar cuanto antes la decisión europea sobre la retención de datos de las comunicaciones por telefóno móvil, fijo e internet. Esta posibilidad de crear un Gran Hermano en el continente, cuestionada por la Eurocámara, está encallada en el Consejo de Ministros europeo.
DOS MINUTOS DE SILENCIO El Consejo extraordinario de Ministros de Justicia e Interior de la UE celebrado ayer en Bruselas expresó la solidaridad de los Veinticinco con la población británica y convocó para hoy dos minutos de silencio en toda Europa a la una de la tarde (mediodía en Londres) en homenaje a las víctimas de los atentados.
Los ministros reafirmaron su determinación de "acelerar" el plan de acción europeo para combatir el terrorismo, pero se limitaron a insistir en el programa previsto para la adopción de medidas legislativas. La única novedad es que se ha adelantado a octubre la fecha prevista para lograr un acuerdo sobre la retención de datos de las telecomunicaciones durante un año.
La presidencia británica intentará desbloquear esta polémica normativa durante el Consejo informal de Justicia e Interior que se celebrará el 8 y el 9 de septiembre en Newcastle. Los principales problemas radican en la lista de datos de las telecomunicaciones que se quieren retener, la duración de la retención y el coste de la medida para los operadores. Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, Estonia y la República Checa son los países que plantean mayor oposición a la propuesta, que sólo puede adoptarse por unanimidad.
JERARQUIA DE DERECHOS Clarke insistió ante la comisión de libertades del Parlamento Europeo que esa retención de datos es esencial para combatir el terrorismo, y subrayó que debe introducirse "una jerarquía de derechos". El derecho a ir en metro sin ser víctima de un atentado, precisó Clarke, está por delante del derecho a la protección de datos. "Los ciudadanos aceptarán algunos sacrificios de libertad en ciertas circunstancias si se les garantizan otras cosas", manifestó Clarke.
El clima de solidaridad y unidad del Consejo se vio ensombrecido por el ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, cuando reveló datos de la investigación británica y aseguró que algunos de los autores del ataque habían sido arrestados durante algún tiempo en la primavera del 2004. Clarke negó esta información y criticó a Sarkozy.
