Con el arresto del diputado Edgar Zambrano, mano derecha de Juan Guaidó, Nicolás Maduro ha intentado enviarle un mensaje a la oposición y su sostén internacional: él es el ganador político de los incidentes del 30 de abril que su Gobierno calificó de golpe de Estado. La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) y, además, el hombre que se había encargado de la ley de amnistía a los militares que desobedecieran a Maduro, ha intentado ser mostrada en los medios estatales como un signo de fortaleza interior, alejada de los rumores propagados en medio del fallido alzamiento militar y que presentaban a un Gobierno en las puertas de su disolución. Zambrano quedó en manos de la reformada policía política (Sebin), cuya cabeza también rodó por su implicancia en los incidentes de la semana pasada.
El arresto del diputado tuvo inmediatamente lugar después del encuentro en Moscú entre el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y su colega venezolano Jorge Arreaza, y cinco días antes de que el mismo Lavrov se encuentre en Rusia con el secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, para discutir entre otras cosas la cuestión venezolana. Las reacciones adversas de Washington frente al caso Zambrano tienen que ver con algo más que con lo que le espera al legislador:después de haber perdido su inmunidad: la administración de Donald Trump todavía no ha podido torcerle el brazo a Maduro a pesar de las durísimas sanciones económicas y su implicancia en el conflicto interno.
LA REACCIÓN DE GUAIDÓ
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aliado de Maduro, Zambrano había ordenado ir contra Zambrano y otros seis legisladores acusados de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones. Guaidó sabía desde hace días que eso iba a suceder y por eso lo hizo público durante una rueda de prensa. Con el hecho consumado, el diputado a quien Estados Unidos y otros 54 Gobiernos del mundo reconocieron como presidente "encargado" advirtió de que el madurismo busca profundizar su disputa con el Congreso y disolverlo. "Alerto a Venezuela y a la comunidad internacional sobre la pretensión del régimen usurpador de desintegrar el Parlamento nacional, a través de ataques", dijo, sobre las medidas que han tomado "los ilegítimos Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Asamblea Nacional Constituyente (ANC)".
Guaidó rcordó que desde 2015, cuando la oposición tomó mediante el voto el control de la AN, el TSJ "ha sido el brazo ejecutor" del madurismo para tratar de hacer "desaparecer" al Legislativo. "Veintinueve diputados han sido perseguidos y apresados por este tribunal ilegítimo, esto representa el 24 % de los parlamentarios opositores al régimen". De ese grupo, "diez diputados han sido objeto de intento de violación" de su inmunidad parlamentaria en menos de 24 horas. A su vez, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), creada hace dos años para funcionar como un contrapoder del Congreso, ha pedido revisar el fuero de los legisladores Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía. Guaidó aseguró que todos estos procedimientos buscan cercarlo. "Perseguir a los parlamentarios legítimamente electos, no hará que desaparezca el quiebre a lo interno del régimen, tampoco detendrá la lucha en las calles por el cese definitivo de la usurpación".
SEÑALES DE OFENSIVA
El presidente de la ANÇ y en los hechos el número dos del madurismo, Diosdado Cabello, se permitió la ironía respecto a la situación de Zambrano. Dijo que fue detenido "con el respeto absoluto de los derechos humanos" y que fue necesario remolcar su vehículo porque "ya no va a servir, va a pasar mucho tiempo para que pueda volver a usarlo". Además, presentó a Zambrano como alguien que ya ha confesado su desencato. "Está hablando", dijo Cabello.
El arresto de Zambrano colocó en un plano secundario otra decisión derivada de los episodios del 30 de abril. Maduro expulsó y degradó al ex-director del Sebin, el general de división Manuel Figuera y a otros 54 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) acusados de estar implicados en el alzamiento militar. Se trata de cinco tenientes coroneles, entre ellos lich Sánchez, a cargo de la jefatura del comando que da protección a la Asamblea Nacional, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y tenientes y 35 sargentos. Antes de su degradación, Figuera escribió una carta en la que responsabilizó a Cabello, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y otros estrechos colaboradores de Maduro, de las desgracias que afrontan los venezolanos. A su vez, le había propuesto a Maduro que convocara a elecciones libres y saneara el Consejo Nacional Electoral (CNE).
