El ministro de Justicia marroquí, Mohamed Naciri, asegura que ha ordenado investigar "todas las denuncias" relacionadas con los disturbios sucedidos en El Aaiún tras el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdaim Izik. En declaraciones a la revista jurídica "Adala Juste" difundidas hoy, señaló que ha pedido al procurador general del rey (fiscal) ante el Tribunal de Apelación de El Aaiún que abra una investigación sobre "todas las denuncias procedentes de ciudadanos, extranjeros, periodistas u organizaciones de defensa de los derechos humanos". Naciri subrayó además que el Ministerio ha velado para que "ninguna parte, sea cual sea, esté por encima de la ley" en el tratamiento de esos casos. Según explicó, la Fiscalía ha determinado el sobreseimiento de algunos casos por considerar que ciertos acusados no habían cometido actos criminales, mientras que en otros se han pronunciado ya "penas ligeras", que no fueron especificadas. Las últimas cifras oficiales proporcionadas por las autoridades indican que 113 personas fueron detenidas por esos disturbios, aunque asociaciones saharauis elevan la cifra total de arrestados a 127, y añaden que 15 de ellos han sido enviados ante un tribunal militar. Según el ministro, entre los motivos de la transferencia a la Corte Marcial están la posesión de armas por parte de algunos acusados o la pertenencia de algunas de las víctimas mortales a las fuerzas del orden marroquíes. El desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik, que desencadenó los más violentos disturbios callejeros en el Sahara Occidental en dos décadas, originó, según un balance oficial, la muerte de dos civiles saharauis y once miembros de los cuerpos de seguridad. La Fiscalía anunció en noviembre la apertura de una investigación sobre las denuncias de heridas por arma de fuego durante los disturbios, mientras que el Parlamento marroquí eligió a finales de ese mes a los miembros de una comisión parlamentaria encargada de investigar los altercados. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado a lo largo de las últimas semanas que se dio una campaña de detenciones masivas y se torturó a los detenidos, y constataron, además, la existencia de heridos de bala.