Un total de 2.239 menores inmigrantes atravesaron México en 2018 sin la compañía de un adulto, de los que el 83 % eran niñas y mujeres adolescentes, según un informe divulgado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).
Esa cifra supone el 57,7 % de los 3.881 menores de edad migrantes que cruzaron el país el año pasado. El informe "Procesos migratorio en México. Nuevos rostros, mismas dinámicas" presentado por REDODEM, formada por 23 organizaciones defensoras de migrantes, constata la heterogeneidad de los perfiles de los desplazados.
Documentó también un aumento de la presencia de niños no acompañados, embarazadas o adultos mayores, entre otros, quienes tienen unas necesidades más específicas. Las necesidades especiales de estos colectivos guardan también relación con el aumento de agresiones y violaciones de derechos humanos por parte de mayoritariamente, agentes de seguridad privada de trenes, grupos del crimen organizado y autoridades, identificó el informe.
Asimismo, REDODEM registró a más de 36.000 inmigrantes en tránsito por México el pasado año. De estos, 11.867 procedentes de 14 países cuentan con un historial de deportación. "Lo que demuestra que la deportación no es el final de estos procesos, simplemente los retrasa y la migración continúa", detalló uno de los expertos presentes, Jorge Pérez Cobos, de la asociación Uno de Siete Migrando, del norteño estado de Chihuahua.
El 24 % de las mujeres inmigrantes que dijeron estar embarazadas tenían entre 14 y 19 años. Además, el 86 % de los desplazados alegaron salir de sus respectivos países por motivos económicos. Por otra parte, el 32 % de los registrados tiene la educación primaria terminada.
Pero de los menores de 14 años, el 40 % no tiene estudios, según la información recabada por esta red de ONG que presenta anualmente un informe sobre la materia. Para los expertos de REDODEM, los datos indican que la situación de 2018 no mejoró con respecto a 2017, por lo que recordaron al gobierno que "todas las personas tienen derecho a moverse libremente (...) tanto si este movimiento implica cruzar una o más fronteras geopolíticas o no".
Políticas migratorias de México
Además, solicitaron al nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lleve a cabo una política migratoria con enfoque de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos para las personas en movilidad, por lo que emitieron una serie de recomendaciones.
Recomendaron al Gobierno mexicano considerar la creación de una Secretaría para las Migraciones, capacitar a todas las autoridades desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, buscar alianzas con la sociedad civil y elaborar un diagnóstico que cuente con espacios de diálogo entre personas deportadas, autoridades y sociedad civil.
En relación con la política migratoria del Gobierno de López Obrador (2018-2024), consideraron que es "más de lo mismo" con respecto a la administración anterior y que incluso algunas situaciones han empeorado camufladas tras "un lenguaje humanista". REDODEM acusó al Gobierno actual, que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, de perpetuar la situación de discriminación y no protección a las personas en tránsito.
Xenofobia y discriminación
Durante la presentación del informe los representantes de casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones de defensa de los migrantes, detallaron que incluso se está "agudizando" la mala situación para quienes llegan al país.
Para la hermana María Magdalena Silva, directora del albergue Cafemin de la Ciudad de México, lo que en un principio se disfrazó mediante un "lenguaje y una narrativa humanista" resultó ser una estrategia política de "detenciones masivas, arbitrarias, expulsiones sin el debido proceso" que generan "xenofobia y discriminación".
Los expertos coincidieron en que esta situación es la consecuencia de doblegarse ante las amenazas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo al país por no frenar la migración. El 7 de junio se llegó a un acuerdo para evitar los impuestos, lo que se ha traducido en el despliegue de miles efectivos de la Guardia Nacional de México en las fronteras sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.
