Se desentierran más cadáveres, los sospechosos son identificados, las promesas oficiales de contundencia se suceden, el Gobierno llena de soldados la provincia y los arrestos no llegan. Esa quiebra de la lógica de los acontecimientos preocupa a las organizaciones de los derechos humanos, tres días después de que la lucha entre clanes acabara con al menos 57 muertos en el sur de Filipinas.

La carnicería pone en un brete a la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo. La policía oficializó ayer las sospechas sobre la autoría de la matanza: Andal Ampatuan, alcalde de Datu Unsay e hijo del poderoso exgobernador de Maguindanao. Es, también, un aliado clave de la presidenta, y ahí empiezan las dudas. Ayer llegó el primer comunicado de Arroyo: "Los responsables no escaparán de la justicia, la ley los perseguirá hasta atraparlos. Nunca más un ciudadano temerá por su vida por expresar libremente su opinión".

Arroyo mantuvo ayer el estado de excepción en buena parte de Mindanao, y ordenó el envío de otros 500 soldados y 200 paramilitares. Forma parte de la rutina que, tras los asesinatos políticos, se publiciten ambiciosas operaciones policiales que acaban en nada. Los analistas no creen que vaya a caer Ampatuan, el jefe de un clan acostumbrado a ganar elecciones gracias a sus conexiones con el Ejército y Arroyo.

MAS PAPELETAS QUE VOTOS Esta recibió el 100% de los votos en muchos pueblos de la provincia en las generales del 2004, y en algunos obtuvo incluso más papeletas que votantes censados. Mindanao, una isla al sur del archipiélago que apenas recibió la influencia española y estadounidense, pasó del feudalismo a los señores de la guerra, que aún hoy se discuten el poder con tropas privadas. "El Gobierno tiene a los sospechosos, pero no el deseo de atraparlos. Tenemos asesinatos políticos y ejecuciones sumarias. Es una cultura de la impunidad", declaró ayer Vilnor Papa, de Amnistía Internacional de Filipinas. "La matanza demuestra la ineficacia gubernamental para hacer cumplir las leyes en las zonas dominadas por clanes, más aún si son aliados", apuntó Ramón Batacán, abogado. El elevado número de soldados en la zona alimenta la sensación de impunidad.

Incluso en el caso de que la voluntad de Manila es honesta, habría que vencer el temor de los funcionarios a acabar en una fosa común. "Los fiscales de Maguindanao no pueden moverse por el miedo, así que tendremos que utilizar a algunos de fuera", manifestó la secretaria de Justicia, Agnes Devanadera.

La matanza radiografía la ruina de un país, uno de los más calamitosos de Asia, que no es poco. Ismael Mangadadatu, amenazado de muerte solo por su deseo de presentarse a las elecciones locales, había enviado para formalizar la inscripción a una numerosa comitiva de mayoría femenina que incluía a su mujer, hermanas, abogados de derechos humanos y periodistas, con la convicción de que los asesinos no llegarían a tanto.

57 CUERPOS HALLADOS Ayer se abrió la tercera fosa común, con 11 cuerpos más. La cifra alcanza ya los 57, muy cerca de las 65 personas que formaban la comitiva. Algunos cuerpos están decapitados y hay evidencias de violaciones. Los asesinos se ensañaron con la esposa de Mangadadatu y su hermana, que está embarazada. Los periodistas muertos son 22. Es el peor ataque a la prensa de la historia.