Después de ser ratificado en su cargo por los partidos tradicionales con representación en el Congreso, el presidente boliviano, Carlos Mesa, decidió ayer pasar a la ofensiva amenazando con llevar ante la justicia a los líderes de los movimientos sociales e indigenistas que con sus medidas de fuerza le exigen una política energética radical.
La renuncia del presidente fue rechazada ayer por la mayoría parlamentaria. El Gobierno y el Congreso acordaron aprobar en la mayor "brevedad posible" una ley de hidrocarburos que garantice "el máximo beneficio del país" y, al tiempo, preserve "las inversiones y la soberanía". El líder cocalero y de la oposición, Evo Morales, y sus aliados, le piden a Mesa que la nueva normativa imponga a las empresas privatizadas regalías del orden del 50%. Esa cantidad fue considerada inviable. Los adversarios de Mesa prometieron ayer redoblar las protestas contra "la oligarquía y las trasnacionales".
